Le pidieron informes a la fiscal que avaló suspender el juicio para un abusador
El procurador general Jorge Miquelarena le pidió informes a la fiscal de Sarmiento Laura Castagno, luego de que la funcionara aceptara una probation para un hombre imputado por el abuso de la hija menor de su pareja. Sucede que en principio, la investigadora no acató una instrucción general del propio procurador, que ordena a los fiscales llevar este tipo de casos a juicio oral y no admitir salidas alternativas.
“La Constitución Provincial dice que le corresponde al procurador dictar la política de persecución penal. Lo que implica saber qué vamos a investigar, de qué modo y con qué objetivo”, explicó Miquelarena en Cadena Tiempo.
Algunas instrucciones “nacieron como una necesidad luego de un caso puntual que nos ha hecho abrir los ojos y otros, como respuesta a situaciones particulares. Las instrucciones son de cumplimiento obligatorio para los fiscales salvo fundadas razones de excepción”, dijo. No acatarlas se considera falta grave y pasible de jury de enjuiciamiento.
En el caso del abuso simple de Sarmiento “hay una instrucción hace muchos años que desalienta las salidas alternativas como la suspensión del juicio a prueba o las conciliaciones. Y busca, fundado en convenios internacionales, las sanciones que corresponden para el individuo que lo ocasionó”
“En el caso puntual, leí el hecho y pedí un informe a la fiscal para que me detalle las razones por las cuales se apartó de la instrucción. Presentó el informe y los argumentos donde relató que hubo un cambio en la voluntad de la víctima. No obstante pedí opinión a la fiscal jefa del lugar y podría intervenir el Consejo de Fiscales que son los que analizan las eventuales responsabilidades”.
Según Miquelarena, “las instrucciones están para cumplirse”. El caso podría derivar en un jury. “La fiscal dio sus razones y cree que son fundadas. Yo no abro aún un juicio de valor al respecto porque quiero contar con algún otro elemento más”. Para el procurador hubo un alejamiento de la instrucción respecto a “no otorgar algo que después se otorgó”.
“En el Superior Tribunal siempre discutimos que la suspensión del juicio a prueba es un derecho del imputado. También es cierto, que es importante la opinión del Ministerio Público Fiscal. Para algunos jueces ésta no es vinculante y para otros, sí lo es”.
“Lo cierto es que tanto la opinión del MPF para oponerse a la suspensión como la resolución del juez para apartarse de la opinión del fiscal, deben ser debidamente fundadas”. En este caso no hubo oposición de la fiscal sino que acompañó el pedido de la jueza.
Faltan fiscales
En otro orden, Miquelarena mostró preocupación por la falta de fiscales en Rawson. “Debería tener un plantel de cuatro fiscales pero tiene sólo una. Hay otro fiscal ocupado en casos graves de ciberdelito que no solamente atiende Rawson sino de toda la Provincia”.
FUENTE: DIARIO JORNADA.