El juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn Horacio Daniel Yangüela será sometido a un sumario del Consejo de la Magistratura, que lo investigará para saber si el magistrado adulteró un informe médico forense y lo reemplazó por otro para perjudicar adrede a una detenida.

La denuncia fue de Patricia Anzoategui y Gustavo Topic, defensores de Bárbara de Cristófano, que cumple una condena a 16 años de prisión por abuso agravado de su hijo menor, en un resonante caso ocurrido en Puerto Pirámides. Está alojada en el Instituto Penitenciario Provincial.

En lo que calificaron como un “evento delictual”, los defensores describieron que el 21 de marzo a las 8, fueron notificados a través del sistema oficial Serconex de un informe de la médica forense Vanina Botta. Llevaba el número 25. Según la profesional, el estado de salud de Cristófano –que en ese momento estaba presa en la Comisaría de Pirámides- se había agravado.

La profesional mencionaba problemas gastrointestinales con “un componente psicosomático. Se considera importante la continuidad del espacio psicoterapéutico individual”. Y recomendaba no trasladarla para que estuviera en contacto con sus dos hijos menores, a quienes veía dos veces por semana.

“Al tratarse este cuadro de patologías con fuerte componente psicosomático, se sugiere que también se encuentre cercana a su familia, y con acceso a terapia psicológica. El traslado lejos de su grupo de apoyo y su espacio terapéutico implicaría algún tipo de agravamiento psicosomático”, escribió la profesional.

Los defensores bajaron el informe y lo circularon por WhatsApp.

Borrón y cuenta nueva

“Lo grave y conmocionante”, describe la defensa, es que el 30 de marzo, nueve días después, ese informe desapareció del sistema y Botta subió otro documento casi idéntico, con el mismo número pero con un cambio: los tres primeros párrafos de nuevo describían la patología de Cristófano pero el cuarto párrafo eran tres renglones contradictorios con su primera recomendación. Es que ahora aconsejaba que la detenida podía estar en cualquier cárcel si las condiciones sanitarias eran las adecuadas: “Su patología no impide estar en un lugar de detención que cuente con condiciones sanitarias adecuadas como baño, alimentación adecuada y asistencia médica”. Basándose en este párrafo, la mujer terminó en el IPP de ruta 3.

Ante la “gravedad jurisdiccional” del retoque, que perjudicaba a su clienta, los defensores pidieron citar a Botta a una audiencia para que explicara cuándo, cómo y dónde había cambiado su informe original y si acaso alguien la había presionado.

Hubo audiencia el 5 de abril pero Yangüela no citó a la forense. Argumentó que él no había dado traslado al primer informe y por tanto “lo que no notifico, no existe”. Le dijo a la defensa que él había ordenado borrar la documentación del Serconex porque Botta no había contestado lo que le había preguntado.

La defensa respondió que si el informe fue subido al sistema, ya implicaba una notificación. Y denunció ante la Magistratura que en realidad Yangüela había pedido eliminar el primer informe porque no le servía para su objetivo real: alejar a Cristófano de sus dos hijos.

Entre otras descripciones, advirtieron sobre la “inseguridad” del Serconex si un juez lo manipula así, y hablaron de “persecución judicial” y de un “montaje apócrifo” ya que el nuevo informe ni siquiera tenía otro número.

Conclusiones

A la denuncia la examinó una Comisión de Admisibilidad integrada por Miguel Coyopay, Esteban Defelice, Jorge Luis Früchtenicht y Mariano Jalón.

Concluyeron que el informe médico se convierte en un instrumento público cuando se sube al Serconex y se incorpora al legajo penal. No debe alterarse.

“La acción concreta a analizar es la supresión del informe original de una profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial e incorporado al expediente judicial; su adulteración; la incorporación de un informe diverso y las manifestaciones arbitrarias sostenidas, todas actividades reñidas con la ley y lesivas de la fe pública”.

Según el informe de la Comisión, si esta actividad de Yangüela se verifica, el magistrado violó la ley. No se puede manipular un instrumento público ni eliminar los actos procesales ya que se afecta la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso. Puede ser incluso un delito penal.
La defensa, por su parte, en los últimos días presentó una ampliación de su denuncia con más acusaciones contra el magistrado.

El sumariante será Raúl Forgeaux, consejero representante de los abogados de Puerto Madryn. 

Fuente: Diario Jornada