Comodoro: Procesaron y embargaron a 24 personas por el robo de vacunas
La Jueza Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, procesó a 24 personas por la causa iniciada a partir del robo de 30 dosis de vacunas contra el Covid-19 Sputnik V en enero pasado, hecho que fue advertido y denunciado en febrero.
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En el contexto de la causa, la Justicia ordinaria realizó varios allanamientos y secuestró diversos elementos mientras que luego, cuando la causa pasó al Fuero Federal, se sumaron 40 declaraciones testimoniales y 28 indagatorias.
Así, se reconstruyó que del vacunatorio faltaron 30 dosis (6 frascos) y en la Obra Social de Camioneros se aplicaron 21. A partir del análisis de los elementos, la Magistrada resolvió 24 procesamientos, 4 correspondientes a personal del Hospital Regional y el resto integrantes de la obra social y el gremio Camioneros.
Entre estos procesamientos se encuentran los del jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes, Jorge Benítez; y la coordinadora de la Cámara de Vacunas, Daniela Cocha. También se encuentra la enfermera Alicia Muñoz, sindicada como la autora del hurto y del nexo con el gremio.
También fueron procesados Jorge Taboada, ex diputado nacional y actual secretario general de Camioneros; y el secretario adjunto Elías Guzmán, actual presidente de Huracán de Comodoro Rivadavia. En el caso de Taboada, se lo acusa de “encubrimiento” y se le trabó un embargo de 1,3 millones de pesos.
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El resto son Torres Gabriela Venesa (enfermera), Marcos Paura (pareja de la enfermera Muñoz)y Daiana Romina Cárcamo, Eduardo José Díaz Narváez, Noelia Elisa Maure, Marisa Victoria Torres, Darío Esteban Guzmán, Cecilia Noemí Alvarado, Laura Beatriz Cárcamo, Valeria Iemme Khoury, Valeria Analía Mansilla, Miguel Gastón Santana, Silvana Alejandra Taboada, Pablo Gabriel Mansilla, Vilma Nazarena Borau, Jessica Grisel Modinger, Gisel Andrea Ampuero, Cynthia Patricia Hernández y Silvio Gabriel Borau; quienes recibieron las dosis junto a Taboada y Guzmán.
En este contexto, se ordenaron embargos que van desde los 100 mil pesos, en el caso de Cocha, y hasta los $ 2 millones en el caso de la enfermera Muñoz. Los delitos que se atribuyen, dependiendo el caso, son “abuso de autoridad y violación de los deberos de los funcionarios públicos”, “malversación de caudales públicos”, “malversación culposa de caudales públicos” y “encubrimiento”.
En la resolución, la Jueza Parcio subrayó que “estamos en presencia de un delito complejo, de suma gravedad –que fue- en perjuicio del Estado Nacional, local y la ciudadanía argentina en el contexto sanitario reinante”.
La Jueza evaluó que hubo una “sustracción de bienes esenciales a los cuales no tenían acceso los particulares para su compra dentro del país”; al tiempo que también ordenó profundizar la investigación.
“En virtud de lo actuado, se vislumbra que debe profundizarse la investigación en procura de dilucidar y establecer distintas cuestiones, prosiguiéndose con la investigación a tales fines”, sentenció.
Asimismo, remarcó que en el vacunatorio “no existían medidas de seguridad en relación a las vacunas, había un deficiente control, registro y protocolo al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”.