En diálogo con FM La Única, Andrés Molina, delegado de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), manifestó su preocupación por el avance del gobierno nacional sobre el organismo en medio de un blanqueo de capitales. Según Molina, las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo buscan achicar y desjerarquizar la AFIP, favoreciendo a sectores económicos concentrados.

El delegado señaló que si bien no les sorprendió del todo esta avanzada, sí lo hizo el momento en que se realizó. «No tiene sentido hacerlo en medio de un blanqueo de capitales. Este gobierno parece carecer de lógica en sus decisiones», afirmó Molina, destacando la importancia del organismo para la unificación de la recaudación a nivel nacional y su rol fundamental en el funcionamiento del Estado.

Molina también hizo hincapié en el estigma mediático que han sufrido los empleados de la AFIP, comparándolo con ataques previos a otros organismos públicos. «Antes de atacarlos, se los estigmatiza en los medios, a veces con datos que no son ciertos», comentó, refiriéndose a las críticas sobre los salarios de los directivos del organismo y los supuestos ingresos irregulares. «Solo 21 personas, las de mayor jerarquía política, tienen esos salarios elevados. El resto del personal, que incluye más de 20.000 trabajadores en todo el país, tiene sueldos muy diferentes».

Además, destacó que en su área específica, la DGI, han perdido más de 800 empleados solo en este año debido a jubilaciones, y que la plantilla actual es menor que la de 2019, a pesar de que la población y la demanda de fiscalización ha crecido.

En cuanto a las medidas que se vienen, Molina adelantó que están en estado de alerta y movilización. «Estamos esperando el decreto para evaluar con mayor precisión, pero ya podemos asegurar que lo que se viene no es positivo para los trabajadores ni para el país. Se favorece a los grandes grupos económicos, mientras se debilita la capacidad de fiscalización del Estado», concluyó.

El sindicato realizará asambleas en todo el país para definir un plan de lucha, mientras se preparan para enfrentar lo que consideran un ataque directo a la estructura de la AFIP y, por ende, al sistema de recaudación que sostiene el funcionamiento del Estado.