El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena comunicó en Cadena Tiempo que respecto a materia presupuestaria para el 2023 “el Poder Judicial en general y el Ministerio Público en particular tuvieron aprobado su presupuesto global, lo que hace a los gastos de funcionamiento y a los pagos de sueldos por ejemplo. Pero no tuvimos aprobado durante todo el año, el presupuesto en lo particular que es lo que tiene que ver con los cargos a cubrir, esto generó que durante todo el año 2022 no se haya podido nombrar a un solo agente que no fuera aquellos que ingresaban por reemplazo”.

Y aseveró: “Cargos nuevos, ninguno y esto generó un impacto muy importante porque hay que tener en cuenta que no solamente el juicio por jurado que genera todo un cambio y obliga a armar equipo, mover recurso humano. Muy importante por el Código Contravencional que nos depositó en las espaldas del Ministerio Público Fiscal que tiene que ver básicamente con todas las contravenciones, eso generó una cantidad de trabajo importantísimo con cero recurso humano. Porque no pudimos nombrar a nadie de todos los que estaban presupuestados así es que la expectativa que tenemos es que sea aprobado de manera integral y que nos permita cubrir los cargos que tenemos previstos”.

Además, respecto al proceso de jury contra el fiscal Fernando Rivarola, Miquelarena opinó: “Por la modificación de la Ley de Jury yo no intervendría, ahora lo hace una comisión del Concejo de la Magistratura, decisión que no comparto en lo más mínimo. Es de dudosa constitucionalidad apartar a la Procuración General y darle facultades al Consejo de Magistratura que en principio no tendría. Y respecto a la imputación de Rivarola, desconozco cómo quedo confeccionada el acta de imputación y no sé cuáles son los cargos que se le imputan pero se dirimirá en el jury de enjuiciamiento”, puntualizó el Procurador.
Por último, hablo sobre el cambio del Código Procesal Penal en cuanto a la aceleración de los procesos y la figura de prisión preventiva. “Desde el 2016 venimos lidiando con esa reforma que pretendemos que no es en beneficio del Ministerio Público Fiscal, sino que es en beneficio de lo que nosotros creemos que debe ser la justicia: más rápida, más ágil con más juicios, con más fallos y sentencias. Sin dudas con más protección a víctimas de violencia de género; no nos parece razonable no poder apelar ante un juez que determina que no hay responsabilidad y absuelve a la persona, no es lógico que nosotros no podamos impugnarlo. Sé que el proyecto todavía está en la legislatura y que había algún interés en tratarlo antes de fin de año pero no mucho más”, finalizó Miquelarena.