6 - julio - 2017

Violadores, asesinos y narcos, sin salidas transitorias y libertad condicionada

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles las modificaciones aplicadas en el Senado y convirtió en ley el proyecto de ley que restringe las excarcelaciones para condenados por delitos graves como violaciones sexuales, torturas y trata de personas.

Con 170 votos afirmativos, ocho negativos y siete abstenciones, obtuvo sanción definitiva la iniciativa modifica la ley 24.660 de ejecución de las penas privativas de la libertad, que a fines del mes pasado había logrado media sanción en el Senado.

En el recinto de la Cámara baja, el oficialismo captó el voto del Frente Renovador, del bloque Justicialista y de otras bancadas menores, en tanto que el Frente para la Victoria votó dividido.

Por su parte, el Frente de Izquierda, Peronismo para la Victoria y los Progresistas votaron en contra.

El proyecto, que surgió como respuesta legislativa al femicidio de Micaela García en Entre Ríos, había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, pero al haber sido modificado por el Senado, debió volver a la cámara de origen.

La normativa, cuyo autor principal es Luis Petri (UCR) establece que los condenados por los delitos contra la integridad sexual, homicidio agravado, tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población, no podrán acceder a los beneficios de salidas anticipadas, transitorias y libertad condicional.

Según el proyecto, tampoco podrán acceder a esos regímenes de semilibertad los reincidentes o quienes cometan un delito mientras se encuentren bajo libertad condicional o salidas transitorias.

Uno de los principales cambios que se le introdujeron en el Senado a la iniciativa fue la eliminación del homicidio simple, el contrabando simple y los delitos contra el orden económico de ese listado de figuras penales que impiden el acceso a los beneficios.

Durante el debate, el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano señaló que la reforma se enmarca «en una política que fracasó» y opinó que el crimen de Micaela no se produjo por la ausencia de una ley sino porque «había un juez» perteneciente a la «Justicia patriarcal» que «liberó a un violador cuando no correspondía liberarlo».

Diana Conti (FPV) fundamentó su rechazo a la medida al sostener que se trata de una «alternativa para invertir más en cárceles que en vida sana y en dignidad».

Para la diputada kirchnerista, las excarcelaciones son parte de un «régimen progresivo de tratamiento penitenciario» que tiene en sus manos un juez para «ir preparando a los reclusos hacia su libertad definitiva», por lo que consideró «quitarle ese instrumento» no es «una medida apropiada para luchar contra la inseguridad ni para favorecer a víctimas de delitos».

Mientras se procesaban los votos nominales, un puñado de familiares de víctimas presentes en las bandejas del recinto atacaron verbalmente a los diputados que habían argumentado en contra de la iniciativa, tildándolos de «asesinos».