12 - septiembre - 2019

Una jueza le dio 10 días al Gobierno provincial para reparar 20 escuelas

La jueza de Puerto Madryn Carolina Barreiro le dio un plazo de 10 días al Gobierno provincial para que a través de los ministerios de Educación y de Infraestructura, evalúe las reparaciones necesarias.

Las escuelas son: 7707, 750, 728, 49, 193, 736, 785, 703, 457, 775, 219, 46/170 de la ciudad del Golfo; la 128 de Blancuntre; la 33 de Gan Gan; la 62 de Yala Laubat; la 63 de Chacay Oeste; la 117 de Lagunita Salada; la 95 de Telsen; la 30 de Gastre y la 7710 de Puerto Pirámides.

La medida cautelar se firmó el 9 de setiembre. Por lo tanto para el día 19 Provincia deberá identificar entre dichas reparaciones “las imprescindibles para resguardar la integridad física y la vida de quienes concurren a las mencionadas escuelas y debiendo, al

momento de realizar dicha inspección, efectuar aquellas reparaciones que puedan ser resueltas en forma inmediata”.

La magistrada remarcó que “deberá elaborar un plan de obra que contemple la prioridad por urgencia e indique el plazo necesario para la ejecución de cada una de las reparaciones”. Además “deberá dar comienzo inmediato al procedimiento administrativo necesario para llevar a cabo, en un plazo no superior al indicado en el plan de obra requerido, las reparaciones urgentes que no puedan ser resueltas en el momento de la inspección”.

Ya fueron notificados el gobernador Mariano Arcioni y la Fiscalía de Estado

De esta manera, la jueza resolvió un amparo presentado por la asesora de Familia de Madryn orientada en Nuevos Derechos, Rosa Martínez, que depende del Ministerio de la Defensa Pública.

Barreiro consideró que en el caso “es clara la existencia de un derecho individual homogéneo de incidencia colectiva”. Lo que la Defensoría denunció fue un “incumplimiento del deber de seguridad a fin de garantizar el derecho a la educación, brindando la debida, infraestructura escolar, susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos”.

“Esta acción –dice el amparo original- pretende proteger de manera directa, inmediata y sustancial un interés colectivo correspondiente a todos los niños, niñas y adolescentes, en resguardo al derecho a la educación, toda vez que el Estado Provincial no puede brindar la actividad escolar de manera adecuada y segura por la deficiente infraestructura escolar, agravándose por la situación laboral de los trabajadores docentes y no docentes”.

En este sentido, “el Estado Provincial no realizó ninguna acción positiva concreta tendiente a realizar las reparaciones urgentes y no urgentes de los establecimientos escolares, que permitan a los alumnos y trabajadores, permanecer durante todo el período de su jornada escolar y/o laboral de manera seguro y en un ambiente acorde a los estándares constitucionales”.

“La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta quedó configurada toda vez que a instancias de este Ministerio Público Pupilar, y luego de realizar el relevamiento de la situación edilicia de todas las escuelas de esta Ciudad -con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación- no realizaron las reparaciones urgentes y no urgentes para que el ambiente en el que se desarrollan las clases, sea seguro y ajustado a los estándares constitucionales. No sólo ello, sino que a pesar de anunciar el Plan Invierno, no avanzaron con las reparaciones necesarias para el normal desenvolvimiento de las clases”, dice el recurso.

Fuente: Diario Jornada