9 - diciembre - 2016

Terminaron las audiencias y la Corte debe fallar sobre el Brexit

La Corte Suprema británica celebró la última audiencia sobre la apelación del gobierno de la primera ministra Theresa May a un fallo de primera instancia por el que Ejecutivo debe pedir permiso al Parlamento antes de iniciar formalmente la salida de la Unión Europea (UE).

Reino Unido: La Corte Suprema definirá si el gobierno puede obviar al parlamento para salir de la UE

La batalla legal para decidir quién tiene legitimidad para ejecutar el Brexit, si el gobierno o el Parlamento británico, concluyó hoy tras cuatro jornadas en la Corte Suprema, que dictará a principios de 2017 una sentencia que modificará el marco constitucional del Reino Unido.

La Corte Suprema británica celebró la última audiencia sobre la apelación del gobierno de la primera ministra Theresa May a un fallo de primera instancia que el mes pasado dictaminó que el Ejecutivo debe pedir permiso al Parlamento antes de iniciar formalmente la salida de la Unión Europea (UE).

Los 11 jueces del máximo tribunal se comprometieron a dar su veredicto «lo más rápidamente posible» en 2017, en un caso que podría alterar la pretensión de May de empezar en marzo el proceso de salida, producto del triunfo del Brexit en el referéndum celebrado en junio pasado.

«Vale la pena repetir que no se nos ha pedido que revoquemos el resultado del referéndum», dijo el presidente de la corte, el juez David Neuberger.

Frente a los argumentos del gobierno, abogados de diversos ciudadanos sostuvieron que evitar un voto en la Cámara de los Comunes socavaría sus derechos constitucionales, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron que sus Parlamentos autonómicos sean consultados antes de iniciar la ruptura.

Por primera vez, los 11 magistrados permanentes de la Corte Suprema evaluarán un caso que ha provocado un desacuerdo entre los expertos legales en el Reino Unido, un país que no cuenta con una Constitución escrita.

La Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que el gobierno May no tenía la autoridad para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, puerta de salida de la UE, enfureciendo a los partidarios del Brexit, que ganaron el referéndum del 23 de junio por 52% a 48%.

En la última sesión del proceso, el letrado Richard Gordon, en representación del gobierno regional galés, afirmó hoy que si el Ejecutivo invoca una antigua prerrogativa real para romper de forma unilateral los vínculos con la UE estará dando un paso «de naturaleza sísmica».

Gordon alertó además de que el voto a favor del Brexit ha «dividido el Reino Unido en cuatro partes», en referencia a las regiones de Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y la propia Gales.

En la misma línea, el abogado general del gobierno escocés, James Wolffe, defendió durante el proceso que los diputados deben dar su consentimiento para activar el artículo 50.

Asimismo, Wolffe dijo que la cámara de Holyrood, como se llama al Parlamento escocés, debe dar su consentimiento, dado que también están en juego los derechos de los escoceses, que en la consulta de junio votaron mayoritariamente en contra del Brexit.

Los gobiernos regionales se sumaron en la Corte Suprema a un proceso que se inició a raíz de la iniciativa de algunos ciudadanos, como la empresaria británica Gina Miller, cuyos abogados han argumentado que la salida de la UE implica que los británicos perderán las ventajas adquiridas en 1972 con la entrada en la Comunidad Económica Europea.

Esos derechos solo pueden ser revocados por el Parlamento, según los letrados, a quienes la Corte Suprema ya dio la razón hace pocas semanas.

El gobierno, en cambio, considera que el resultado del referéndum, así como una antigua prerrogativa que le otorga poderes ejecutivos para tomar decisiones en nombre de la reina, jefa del Estado, son suficientes para activar el artículo 50.

Si la Corte Suprema mantiene la anterior decisión de los jueces, el gobierno se vería obligado a tramitar una nueva ley que le permita iniciar el Brexit, aunque May ha recalcado que ese escenario no retrasaría el calendario con el que se ha comprometido.

La primera ministra prevé iniciar las negociaciones con Bruselas antes de abril del próximo año, por lo que la salida material de la UE podría producirse a principios de 2019.

El gobierno podría presentar ante las Cámaras una ley de una sola línea para obtener lo antes posible el permiso del Parlamento.

El Partido Laborista, el primero de la oposición, ha adelantado que no tiene intención de retrasar la decisión de activar el artículo 50.

Fuente: Telam.