14 - junio - 2017

Se aprobó la ley de Emergencia en Violencia de Género y el Gobierno no podrá volver a vetarla

La ley de Emergencia en Violencia de Género fue presentada sobre tablas y aprobada ayer por la Legislatura con 17 votos. El dasnevismo se opuso e intentó enviarla a Comisión, pero el FPV pidió apartarse del reglamento por el carácter de urgencia.

El Gobierno no podrá vetarla nuevamente y estará obligado a promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial. Estará en vigencia por dos años.
La iniciativa de las diputadas Estela Hernández y Gabriela Dufour había sido aprobada en noviembre del 2016, aunque llamativamente el Ejecutivo la vetó. 
Las legisladoras no insistieron sobre el veto, sino que presentaron nuevamente el proyecto sin ninguna modificación, amparándose en el artículo 143 de la Constitución Provincial.
Este artículo sostiene que «si el proyecto vetado y no insistido por mayoría necesaria tiene nueva sanción en el primero o segundo período ordinario siguiente, el Poder Ejecutivo está obligado a su promulgación».
Para eso, Hernández y Dufour presentaron el proyecto sobre tablas y consiguieron los dos tercios de los votos presentes para que la iniciativa sea tratada.
Chubut Somos Todos intentó desde el primer momento enviar el proyecto a Comisión alegando que tenía «incidencia presupuestaria», pero el FPV pidió apartarse del Reglamento Orgánico de la Legislatura (como lo hizo el dasnevismo en varias oportunidades) y con la mayoría logró presentar la ley sobre tablas. 
Los 17 votos fueron aportados por Blas Meza Evans, José Grazzini, Cecilia Torres Otarola, Gabriela Dufour, Alejandra Marcilla, Carlos Gómez, Estela Hernández, David González y Gustavo Fita del FPV; Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni y Jacqueline Caminoa de Cambiemos; Florencia Papaiani, Leandro Espinosa y Javier Cunha del Frente de Agrupaciones; y Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli de Convergencia.
Esta vez el Ejecutivo se quedó sin opciones y está obligado a promulgar la ley.

VOCES A FAVOR DE LA EMERGENCIA
El debate sobre la emergencia en violencia de género acaparó prácticamente la totalidad de la sesión. 
«La situación de violencia de género es realemnte tremenda. En el año 2016 hemos tenido más de 14 casos muy graves», denunció Hernández. La diputada aclaró que la ley «no va a solucionar la problemática de violencia, pero sí genera herramientas». 
En la misma sintonía, graficó que la ley «brinda herramientas, no soluciones, porque las soluciones son a largo plazo». Hernández avisó que las mujeres violentadas «no pueden esperar más».
La diputada de extracto sindical consideró «imperiosa» la necesidad de que la mujer «salga del círculo de violencia en forma urgente». Hernández cargó fuertemente contra la Justicia por «dilatar los casos», provocando «hartazgo» en las mujeres que deben ir a contar sus relatos en forma constante. 
Por último, dijo que la Emergencia en Violencia de Género «es transversal a los partidos políticos».
Mientras el dasnevismo reiteraba la necesidad de que el proyecto vaya a Comisión debido a que tenía «incidencia presupuestaria», David González exigió sin rodeos que se vote «en forma nominal» para que queden evidenciados «todos aquéllos que se oponen a una ley contra la violencia de género». 
Apuntó contra la gestión de Mario Das Neves: «Tuvieron seis meses en el gobierno desde el veto para proponer nuevas cosas, pero no les calentó, no les importó. Acá hay víctimas que la están pasando mal». 
Torres Otarola expuso sus padecimientos personales sobre este caso. La diputada se preguntó casi entre lágrimas, si alguno de los legisladores «sabe lo que es tener a la policía las 24 horas durante 3 meses en la puerta de su casa. Alguien sabe. Con mis hijos encerrados. Saben lo que es el proceso que hay que atravesar. Yo tuve la suerte de no tocar fondo, pude salir adelante, pero porque tengo otros recursos». 

CARACTERISTICAS DE LA LEY
La ley aprobada tendrá una vigencia de 24 meses y podrá ser renovada, prorrogada por la Legislatura. 
Entre sus características exige que el Ejecutivo «dote de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de 12 meses, para garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica». 
Ese equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo con tres psicólogos, un abogado, un ginecólogo y cinco asistentes sociales. 
Además, crea el «Programa de Reinserción Social Laboral» para las personas en situación de violencia de género. Este beneficio establece un «subsidio» para el pago de un alquiler de única vivienda, el cual «se otorgará durante 12 meses con un monto equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil».
Uno de los puntos más polémicos es la «prioridad para la inserción en la Administración Pública Provincial» que tendrán las personas víctimas de violencia de género.