24 - febrero - 2019

Registro de abusadores: el juez König le contestó a Massoni y dijo que va contra el Código Penal

Dictó la cautelar manifestó que el manejo de datos de quienes cometieron delitos contra la integridad sexual está en manos del Superior Tribunal. Marcó que el funcionario debe responder en el expediente y no en una conferencia.

La aplicación presentada por el Gobierno Provincial para mostrar los datos y rostros de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual abrió una fuerte polémica. El ministro de Gobierno, Federico Massoni, cuestionó en conferencia la cautelar interpuesta por el juez laboralista Paulo König, que impide dar a conocer los datos quienes cometieron los delitos.
König habló con FM Tiempo y dio los fundamentos detrás del amparo elevado. Aclaró que fue una decisión de la Defensa Pública a través de tres abogadas que vieron que se estaba vulnerando la privacidad y la intimidad de las personas condenadas. Le constestó a Massoni, y aclaró que la aplicación creada va contra la Constitución y el Código Penal.
Asimismo, el magistrado explicó que en ningún momento hubo una comunicación con el Poder Judicial para dar a conocer el registro, que es potestad del máximo tribunal de la provincia.    
“Han elegido a un juez laboral para resolver este amparo siendo que naturalmente no es la materia propia de un juez de trabajo. Por más que sea más trabajo y apartarme de las causas laborales, lo abordé con gusto. Resolví una primera parte de la causa que es la cautela”, dijo el juez, quien al ser consultado por qué no se excusó al no ser su especialidad, aclaró que quien es designado no puede rechazar la causa.
König detalló que el amparo fue elevado a través de la Defensa Pública mediante tres abogadas: “La jefa de la circunscripción Trelew, la doctora Andrea Bossi, la defensora María Ángela Gómez Lozano y la defensora Civil Sonia Donatti. Son tres abogadas excepcionales de mucha experiencia y lo hacen representando a personas condenadas por delitos sexuales. Lo que pretenden es que se deje sin efecto la resolución del ministro. Lo mío es sólo la cautelar, una medida temporaria por 15 días, no lo de fondo, es hasta que se dicta la sentencia definitiva”.
Sobre los fundamentos para dar curso al amparo, el juez argumentó: “Lo que encontré para dedicidr esta suspensión temporaria es que la Sala Penal del Superior es la que puede reglamentar la Ley 15-11. El doctor Massoni no es el Superior Tribunal. De esto mismo se dio cuenta el Defensor General Alterno, Jorge Menesperi, y cuando se dio cuenta le envió una nota al Superior. El doctor Massoni dice que va a dar a conocer datos del registro que usted tiene bajo su custodia. Le pregunta al Superior si esto fue conversado, si hay algun convenio, si pidieron autorización de la publicación de la información y Alejandro  Panizzi (presidente del Superior Tribunal de Justicia) niega cualquier tipo de comunicación del Ejecutivo”.
También arguyó cuestiones referidas a normativas que están por encima de una resolución ministerial. “El Código Penal tiene restricciones para dar a conocer datos incorporados en el Registro. El Código Penal, una ley nacional que no puede ser controvertida por una resolución ministerial de una provincia, dice que la violación de la prohibición será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157 del Código Penal si no constituyere un delito más severamente penado. Hay verosimilitud del Derecho para suspender la medida. Y la Constitución Provincial, que también está por encima de la resolución del ministro, dice que  los sistemas de almacenamiento de datos son inviolables y su examen puede revisarse sólo por cuestión judicial”.
Por último, hubo una chicana para el funcionario. “A la par que resolví esto, le di traslado a Massoni. Conoce de esta acción y la tiene que contestar presentándose en el expediente. Antes que contestarla en una conferencia de prensa, lo que corresponde es que se presente en el expediente. Ahí si cuando tenga a las dos partes estoy en condiciones de dictar la sentencia definitiva”.

Fuente: Diario Jornada.