9 - febrero - 2017

Postergan hasta el próximo jueves la definición sobre el DNU que modifica el sistema de las ART

La comisión bicameral de Trámite Legislativo postergó hasta el próximo jueves la definición sobre el DNU que modifica el sistema de ART, condicionada por la convocatoria a Extraordinarias para tratar el proyecto y ante la imposibilidad del Frente para la Victoria-PJ de unificar criterios.

La comisión bicameral de Trámite Legislativo postergó hasta el próximo jueves la definición sobre el DNU que modifica el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), condicionada por la convocatoria a Extraordinarias para tratar el proyecto y ante la imposibilidad del Frente para la Victoria-PJ de unificar criterios para avanzar en la firma de un dictamen de rechazo.

Si bien se expresaron verbalmente en contra del DNU, cuatro senadores del FPV-PJ se retiraron de la reunión sin firmar el dictamen, por lo que los cuatro legisladores restantes de ese bloque -todos ultra kirchneristas- se vieron imposibilitados de poder mostrar una resolución de mayoría estableciendo el rechazo.

Los senadores del PJ Juan Abal Medina, Mario País, Graciela de la Rosa y Juan Irrazabal decidieron aguardar el avance del trámite legislativo de tratamiento del proyecto a partir del llamado a sesiones extraordinarias dispuesto anoche por el Poder Ejecutivo.

Así, sin bien se expresaron en contra del dictado del DNU, dejaron abierta una especie de tregua con el oficialismo a la espera de que Diputados complete la sanción del proyecto sobre ART.

los cambios en el régimen de las ART se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso

El sector más radicalizado del Frente para la Victoria, integrado por los camporistas Marcos Cleri y Anabel Fernández Sagasti y por las ultra kirchneristas Juliana Di Tullio y Diana Conti, aseguraba al término de la reunión que «hay nueve firmas contra el rechazo».

Entre esas firmas contaban a la de Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo puntano, quien afirmó: «Se utilizan los DNU con una ligereza alarmante que afecta las instituciones» y recordó que «cuando se trató el proyecto en el Senado, nadie habló de la urgencia».

Sin la formalización de las firmas de todo el FPV-PJ, el oficialismo sostiene su dictamen propio con seis firmas (sobre 16 totales) en el que expresa el aval al DNU presidencial.

La postergación hasta el próximo jueves a las 10, cuando vuelva a reunirse la comisión, le quita efecto al posible dictamen, ya que, de acuerdo al cronograma que maneja el oficialismo, un día antes la iniciativa se convertiría en ley.

Al comienzo de la reunión, que se extendió por casi cuatro horas, el macrista Pablo Tonelli había pedido dejar sin efecto la misma «teniendo en cuenta la incidencia de la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Poder Ejecutivo».

«No podemos soslayar ese llamado», aseveró el diputado del PRO, al tiempo que afirmó: «Ni en la Constitución ni en la ley que regula el trámite de los DNU hay la más mínima prohibición para que el Poder Ejecutivo dicte un DNU mientras hay un proyecto en proceso».

Para el legislador del PRO, «el Poder Ejecutivo juzgó que existía necesidad y urgencia, porque la situación de las relaciones del trabajo siguen siendo delicadas».

«Luego de que el Senado diera media sanción se multiplicaron las demandas laborales, por lo que evaluó que corría riesgo de tornarse disfuncional. Si algo peso en el ánimo del Ejecutivo fue considerar la defensa de los trabajadores y de sus derechos», explicó.

A su turno, el senador País insistió con la postura que sostenían desde la firma del DNU: «Debe ser rechazado porque no hubo razones de necesidad y urgencia y porque se está violando el debido proceso parlamentario».

Antes de retirarse eludiendo la firma del dictamen, Abal Medina ratificó su postura: «Lo que dijimos desde que se firmó éste disparatado decreto es que se debe seguir el trámite parlamentario; por lo que entendemos que éste DNU no sólo es violatorio de la constitucionalidad, por la cuestión de la violación del régimen bicameral, sobre todo».

La esencia de la reunión de hoy, convocada antes de que se conociera el llamado a Extraordinarias, quedó desvirtuada por el nuevo escenario. Así, los invitados desfilaron sin mayor expectativa por parte de los asistentes a la comisión.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo Yaski, consideró: «No había necesidad ni urgencia para avanzar con este tema por decreto».

«Hay una reiteración de iniciativas del Poder Ejecutivo que violan los principios de independencia de poderes y leyes que amparan a la ciudadanía», advirtió, al tiempo que afirmó: «Hay seis fallos de la Corte Suprema que señalan aspectos anticonstitucionales del decreto».

En tanto, el representante de la CTA Autónoma liderada por Pablo Micheli, Rubén Ruiz, consideró: «Existe una violación por parte del Poder Ejecutivo de las normas del sistema republicano» y que, con la cuestión de fondo, «se intenta proteger los intereses financieros de las empresas privadas».

En nombre del empresariado, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señaló: «En los últimos años aumentó considerablemente la litigiosidad laboral: los juicios por accidente han subido a proyecciones de más del dos mil por ciento».

«No se trata de definir si se protege a uno (los trabajadores) o a otro (el sector patronal); sino que se trata de proteger a los dos porque si no esta ley no sirve. Y para nosotros esto es una urgencia, porque si no se hace vamos a tener mayor informalidad laboral, sobre todo en la micro y mediana empresa», agregó.

El diputado Néstor Pitrola (Partido Obrero) cuestionó «el uso del DNU como instrumento» y también el contenido de la nueva legislación sobre Riesgos del Trabajo, por considerar que «parece que la Unión Industrial Argentina es la autora intelectual del proyecto».

Por su parte Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria, dijo: «Si había alguna cuestión de necesidad y urgencia se debería haber llamado al Congreso para que sesionara en Extraordinarias antes de firmar el DNU», y que «las idas y vueltas sobre esta legislación no hacen más que generar inseguridad jurídica».