8 - mayo - 2017

Piden el juicio político para los jueces de la Corte que votaron a favor del 2×1

.Son Highton de Nolasco, Ronsenkrantz y Rosatti. El miércoles habrá una marcha.

Representantes del oficialismo, de la oposición y organismos de Derechos Humanos impulsaron diferentes acciones para frenar mediante ley o juicio político el polémico fallo de la Corte Suprema que reduce las condenas a los acusados de crímenes cometidos durante la dictadura.

El Frente de Izquierda presentó hoy un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco por «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, intentó por su parte, despegar al macrismo de la decisión del Máximo Tribunal y aseguró que «la ley del 2×1 fue nefasta» para el país. El hombre de confianza de Mauricio Macri adelantó que Cambiembos impulsará un proyecto de ley para «acotar» el criterio de aplicación de este beneficio.

Organismos de Derechos Humanos alertaron que el fallo abre las puertas para que pidan el mismo beneficio cientos de condenados y otros represores que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otras organizaciones convocaron para el miércoles una marcha de repudio.

«Señores Jueces: Nunca Más», es el lema de la movilización.

Además, el abogado del MST, Marcelo Parrilli, denunció por prevaricato a los tres jueces que votaron a favor de la iniciativa al entender que dictaron una resolución arbitraria e injusta. La presentación recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

El miércoles pasado el Tribunal dictaminó por tres votos a favor y dos en contra beneficiar con una reducción de pena al represor civil Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por secuestro y tortura durante la dictadura.

La diputada nacional Alicia Ciciliani, presidenta del Bloque Socialista de la Cámara de Diputados, presentó además un proyecto de ley para que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación «bajo ningún concepto». «Creíamos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos», manifestó.

La postura del oficialismo
El fin de semana, varios días después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema y tras una oleada de repudio, el gobierno rechazó el fallo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la resolución es «un símbolo de la impunidad en Argentina».

Hoy, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló en el mismo sentido. Al presentar la muestra itinerante Ana Frank, habló de los crímenes de la dictadura: «Los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes».

Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta consideró que el fallo de la Corte «solo favorece a los delincuentes». La semana pasada, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Ayruj, había pedido respetar la decisión. El presidente Mauricio Macri aún se mantiene en silencio.

Varios fiscales pidieron por su parte declarar la inconstitucionalidad del 2×1. Diferentes jueces rechazaron peticiones de condenados para aplicar el mismo criterio tras el fallo de la corte.