Neuquén y Chubut son el campo de prueba para disciplinar a los trabajadores; Pereyra y Avila convalidan la flexibilización

Pereyra adelantó que en Neuquén aceptarán nuevas condiciones de trabajo. En Chubut, Avila niega seguir la misma dirección, pero aceptó el 30% de descuento salarial.

El temor a los despidos sigue fuertemente instalado en la Patagonia, y los sindicalistas argumentan que buscan defender los puestos de trabajo en medio de la crisis para justificar sus avances progresivos hacia la convalidación de la flexibilización en las condiciones de trabajo y la productividad.
Los dirigentes sindicales de las dos principales cuencas petroleras se encuentran frente a una decisión que los podría inscribir en la historia, no justamente como quienes defendieron a fondo las conquistas de los últimos años sino –por el contrario–como los que avalaron y facilitaron la flexibilización laboral.
En apariencia Guillermo Pereyra y la dupla Jorge Avila y José Llugdar marchan por caminos diferentes, pero –aunque con meses de diferencia– comienzan a tener profundos puntos de contacto en su política de conciliación con la avanzada macrista y empresaria. No es casual que todos impulsen las jubilaciones compulsivas y los retiros voluntarios.
Claudio Vidal desde Santa Cruz marcha siempre a la cola de lo que haga su par chubutense y busca instrumentar un plan similar de recorte salarial y suspensiones.

La Resolución clave

Pereyra y Avila firmaron el 26 de junio pasado la ya célebre Resolución 365, que allanó el terreno para que se comience a negociar la flexibilización laboral, que tiene el objetivo de implementar un radical cambio en las relaciones de trabajo en el sector petrolero.
Hasta el momento han conseguido controlar los desbordes de las bases obreras, pero nadie puede asegurar que podrán domar totalmente a quienes conquistaron las mejoras laborales de los últimos 20 años.

Pereyra, el avanzado

El dirigente neuquino siempre ha sido el más avanzado en lo que respecta a la implementación del ajuste empresario. Durante casi todo 2016 acordó con YPF y las demás operadoras las suspensiones y recortes salariales; ahora adelantó estar dispuesto a modificar el Convenio Colectivo de Trabajo a cambio que se potencien las inversiones y no se produzcan despidos masivos.
Esas mismas medidas, que en su momento fueron duramente cuestionadas por Avila, ahora acaban de ser acordadas en Chubut con YPF y se implementarán durante toda la primera mitad del 2017; incluyendo suspensiones y reducciones salariales de hasta el 30%a la espera de que se traslade al resto de las operadoras como Pan American Energy, Tecpetrol, Sipetrol y CAPSA.
En la práctica, dicho por el propio Avila, esto ya venía sucediendo. Ahora –justificó- tendrán la seguridad de “cobrar todos los meses y 14 días de descanso en la casa”.

En el barro empresario

Con el argumento de la crisis internacional del precio del barril e impulsados por la llegada de la CEOcracia macrista al Gobierno nacional, el empresariado retomó una iniciativa que no venía teniendo desde hace por lo menos 10 años.
Forzando el ajuste para reducir gastos laborales y con la mira puesta en la flexibilización que tire por tierra todas las conquistas obtenidas por los trabajadores, las operadoras han logrado torcer –o por lo menos equilibrar- la balanza con miras a aumentar la productividad y disminuir los costos salariales.
El fantasma de los despidos se fue acrecentando a lo largo de todo 2016. Ahora alcanza a todas las cuencas, e impone el temor que genera la pérdida del trabajo hasta en los rincones más extremos de los yacimientos; golpeando también cuentas sindicales que se engordan millonariamente en función de la cantidad de afiliados con que cuenta cada gremio patagónico.
Sin ese temor instalado y obviamente sin la complicidad, en sus diferentes versiones, del sindicalismo petrolero era casi imposible para las empresas del sector avanzar con el achicamiento de personal y mucho menos aún modificar las condiciones laborales. De vital importancia ha sido la llegada de Mauricio Macri y su ministro caníbal Juan José Aranguren.
Ahora se juega en el barro más conveniente para el empresariado. Para el sector es el momento decisivo para reformular las condiciones de trabajo, aumentar la productividad y obtener la competitividad que se traduce en el engrosamiento de la rentabilidad en los balances anuales. Los cambios que buscan imponer a los trabajadores petroleros son la punta de una lanza que pretenden proyectar hacia todo el conjunto del movimiento obrero argentino.

Prueba piloto

Lo de Chubut y Neuquén es una suerte de prueba piloto a concretarse en uno de los sectores obreros que más logros obtuvo, a fuerza de muchas luchas, durante toda una década. El disciplinamiento y domesticación de los petroleros servirá como ejemplo para los demás trabajadores, tal como sucedió con la privatización de YPF. En aquel momento, una vez que se concretó la entrega de la mayor empresa estatal el menemismo avanzó con el remate de todas las demás empresas que pertenecían al Estado.
El ministro de Trabajo de Nación, Jorge Triaca, adelantó que el “30% de los convenios colectivos firmados este año tuvo clausulas de productividad”, lo que permite inferir que los cambios flexibilizadores que se introduzcan entre los petroleros se derramarán sobre el conjunto de los gremios productivos del país.

Resignados

El sindicalismo petrolero patagónico se encuentra cada vez más arrinconado por los despidos, las reducciones de inversiones y las presiones para imponer nuevas condiciones laborales que faciliten el achicamiento de costos que buscarán incrementar considerablemente las ganancias empresarias.
Las jubilaciones forzadas, los retiros voluntarios e inclusive las suspensiones ya no son suficientes, el profundo achicamiento de las plantillas de personal petrolero en las principales cuencas no alcanza, por eso ahora el centro de los debates y negociaciones se trasladan al terreno del aumento de productividad.
Más allá de las claras intenciones empresarias, las mismas se bifurcan en dos caminos paralelos. Por un lado aparece la baja de costos y nuevas condiciones laborales para la explotación de Vaca Muerta, el magnético yacimiento de shale gas y oil que atrapó las inversiones a futuro de las operadoras.
Allí es donde se crearía con la anuencia de Pereyra un nuevo convenio colectivo de trabajo para los petroleros, que tendría el formato de anexo o adicional al ya existente para los yacimientos convencionales en funcionamiento en la actualidad.
Según fuentes empresariales, YPF logró que el costo de perforación de cada pozo no convencional baje de 14 millones de dólares en promedio en 2015 a menos de 10 millones para fines de 2016, pero los inversores extranjeros consideran que esos costos deben reducirse más aún y ansían que el costo ronde los 7 millones de dólares para que de esa manera se conviertan en rentables.
Las empresas no sacian sus apetencias de modificaciones con las de Vaca Muerta, a priori ya acordadas, sino que también van por la baja del costo salarial y el aumento de la productividad en todos los demás yacimientos convencionales del país.
La Resolución 365 y las mesas de negociación frenaron las huelgas y extendieron todos los plazos para cambiar las condiciones laborales. Por eso, tras la firma con YPF se han instalado las suspensiones y la distribución de horas de trabajo con recorte salarial. Detrás se viene la discusión del trabajo con viento, el no pago de las horas taxi y la aplicación de la multiplicidad de funciones.

La excusa de las inversiones

“No firmaremos nada más hasta que haya un plan de inversiones”, aseveró el sindicalista petrolero Jorge Avila a finales de diciembre, cuando intentó justificar las suspensiones con recortes salariales, a las que no le antepuso el reparto de las horas de trabajo con igual salario, una salida que podría haber establecido las 8 horas de trabajo para todos los trabajadores de la industria sin que se traduzca en una merma salarial.
Hoy se habla de inversiones como mecanismo de negociación de los sindicalistas para que se mantengan los puestos de trabajo en el sector. Sin embargo, ese argumento ya se escuchó a lo largo de 10 años cada vez que el empresariado acordó con el sindicalismo y los gobernadores acordaron las renegociaciones anticipadas de las concesiones petroleras.
Así sucedió con los acuerdos firmados por Jorge Sobisch en Neuquén durante 2000, Mario Das Neves en Chubut en 2007, Daniel Peralta y Martín Buzzi cuando en 2013 renegociaron los yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge. Pero como la industria petrolera se maneja por los vaivenes del mercado y los planes realizados en el exterior, todas esas renegociaciones y las promesas de inversiones se esfumaron como humo sobre el agua.

Bohe, el más sincero

El ministro de Hidrocarburos chubutense, Sergio Bohe, fue categórico al afirmar que “las operadoras están apuntando a reducir inversiones a la mitad”; aunque fue más allá en sus presagios para 2017 y señaló que “Ningún precio de gas en Chubut va a garantizar una reconversión productiva, ya que somos un actor marginal en ese mercado… no son sólo es reducir salarios o personal, sino que nosotros hemos encontrado una tercera vía, que no ha trascendido tanto. Con Tecpetrol iniciamos un programa de recalificación de mano de obra, que apunta a la reinserción laboral en otras industrias, o a la reubicación en el caso de que se reactive, mejorando directamente la productividad de la que tango se habla”.
Mientras nadie le exige a las operadoras que cumplan con los acuerdos firmados en cada una de las renegociaciones anticipadas que se concretaron en todo el país, al mismo tiempo el sindicalismo debe hacerse cargo de no haber incluido en los convenios colectivos de trabajo de las nuevas condiciones laborales que fueron conquistadas en los últimos 15 años, muchas de las cuales han sido puestas en debate en la actualidad y solo forman parte de actas acuerdo.
En Chubut se firmó el primer convenio colectivo para los petroleros afiliados por el gremio chubutense, en julio de 2010 y sin que se introdujeran las modificaciones conquistadas durante seis años. Lo mismo sucede en la provincia de Neuquén con el CCT firmado en julio de 2011; mientras que la Federación hizo lo propio, en febrero de 2012 y durante su intervención, con los petroleros santacruceños. Igual camino tuvo el sindicato Jerárquico de la Patagonia Austral, que rubricó su convenio en enero de 2011.

Opositores blandos

Mientras en Chubut, las listas opositoras a Avila se agruparon a finales de año y desconocieron su mandato, pero no propusieron acciones concretas y mucho menos huelgas en defensa de los puestos de trabajo y contra la flexibilización, el propio líder petrolero admitió que “no es lo mejor, pero es una alternativa en la que podemos tener a los trabajadores contenidos, con un salario y con obra social”.
En Neuquén, el oficialismo de Pereyra no tiene ningún contrincante crítico con peso suficiente en el gremio como para plantarse a esta nueva entrega de condiciones laborales, salvo los cuestionamientos que surgen desde el propio Movimiento Popular Neuquino gobernante.
El sindicalismo petrolero patagónico intenta justificaciones con el fantasma de los despidos y pretende intervenir en las negociaciones volviendo a repetir la fallida fórmula de firmar acuerdos de inversiones para mantener los puestos de trabajo, pero por caminos paralelos que se unen en el futuro ya le empezó a abrir el paso al ajuste y la flexibilización, donde los principales perjudicados son los trabajadores.

Fuente: El Extremo Sur