24 - mayo - 2021

Lugones: «Es necesario una nueva ley y un procurador que tenga la camiseta de la justicia»

El camarista federal de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró necesario que se elija cuanto antes a un procurador de la Nación y se ponga fin al mandato de Eduardo Casal en ese cargo por entender que «carece de legitimación», y consideró que las objeciones de la oposición tienen una «motivación política», que sólo apuntan a «ampliar la grieta».

En una extensa entrevista con Télam, Lugones se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley de Ministerio Público y que, luego, el nuevo procurador sea elegido «conforme los requisitos que imponga esa norma».

«Un procurador, cualquiera que sea, que tenga puesta ‘la camiseta de la justicia'», postuló el profesor adjunto de Derecho Constitucional de la UBA y planteó que cualquier funcionario en ese cargo «no puede jugar a la política y, si lo quiere hacer, que deje su lugar y se afilie al partido político que más lo represente».

-Télam: ¿Qué importancia le da al proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público que debate el Poder Legislativo?

-Alberto Lugones: Es necesario que se sancione esta nueva ley y, fundamentalmente, que se elija pronto un procurador General conforme los requisitos que imponga la nueva ley. Un procurador, cualquiera que sea, que tenga puesta «la camiseta de la justicia», no puede jugar a la política y, si lo quiere hacer, que deje su lugar y se afilie al partido político que más lo represente.

El actual procurador carece de legitimación por la forma en que fue elegido: porque es interino hace más de cuatro años, condición que la propia Corte (Suprema de Justicia) dispone que no puede mantenerse en el tiempo para ningún cargo en la Justicia, sino que debe cubrirse en forma efectiva para poder, por ejemplo, convocar los concursos para cubrir las más de 150 vacantes que existen en todo el país y que impiden el adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

«El actual procurador carece de legitimación por la forma en que fue elegido: porque es interino hace más de cuatro años».

Para mí es central la existencia de un Ministerio Público Fiscal independiente de cualquier presión política, mediática o empresarial, o de cualquier lobby, y también de cualquier grieta, y garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional, convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos. Creo que esta ley cumple mínimamente con esos requisitos en lo que hace a la designación del procurador, su remoción y su funcionamiento.

No se puede seguir trabajando para lo que mandan los medios y los lobbies.

-T: ¿Cree que la política se ha metido en la discusión de esta ley?

-A.L: No existe un motivo real de cuestionamiento político. Acá la grieta está a full. Basta leer el proyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia Germán Garavano o el presentado por los senadores Miguel Pichetto o Federico Pinedo y otros. Son muy similares. Entonces, ¿Por qué tanto cuestionamiento?

El  vicepresidente del Consejo de la Magistratura se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley del Ministerio Público Fiscal.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley del Ministerio Público Fiscal.

Hablan de que la ley es para elegir un «procurador amigo» o «ideológicamente afín» y yo me pregunto: ¿Cuál es su opinión respecto de las actuales cabezas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, elegidos respectivamente por Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal, que por cierto no fueron elegidos por ser contrarios a los Gobiernos de turno, sino por ser cuadros políticos de quienes los eligieron.

«Es central la existencia de un Ministerio Público Fiscal independiente de cualquier presión política, mediática o empresarial, o de cualquier lobby, y también de cualquier grieta».

Entonces no parece que ese cuestionamiento sea sincero, sino que lo que están buscando es que no sea separado de su cargo Casal, con quien se sienten muy cómodos, por su endeble situación.

Aquellos que se molestan porque el Gobierno quiere remplazar al doctor Casal deberían recordar cómo fue el desplazamiento (de la Procuración) de Alejandra Gils Carbó, a quien se la sacó de su cargo con los medios más deplorables, bajo amenazas de causas penales para sí y sus hijas.

Incluso, organizaciones empresariales de nuestro país y extranjeras, algunos representantes de colegios de abogados y grandes estudios de abogado cuestionan el proyecto, y lo hacen con una virulencia que no recuerdo hayan mostrado cuando se discutió en el ámbito legislativo el proyecto de la gestión anterior, que es a toda vista similar al actual.

-T: ¿Cuál es su conclusión entonces respecto a esta situación?

-A.L: No es el proyecto en sí lo que les preocupa, sino quién tiene la lapicera o la mayoría para elegir a los fiscales. Con eso digo que, no es que no se coincida con este proyecto, sino claramente con la que se teme podría ser la formación de los futuros fiscales designados.

El poder real, empresas, representantes de estudios jurídicos y algunos colegios de abogados, no aceptan la soberanía de la democracia y del voto popular y de ahí surgen reclamos y cuestionamientos. Insisto, no es un problema del régimen legal que se aplique, el problema es quién tiene el poder para elegir a las personas que se van a encargar de aplicar el nuevo Código Procesal Acusatorio en todo el país.

-T: ¿Cuál es su evaluación respecto a la extensión del mandato y a la forma de elección?

-A.L: La discusión sobre el mandato del procurador General acotado en el tiempo o vitalicio tiene cientos de años y media biblioteca a favor y media en contra. Como para sumar a la discusión sobre si cinco años en el cargo y cinco más de extensión es positivo, puedo mencionar que en por lo menos 22 provincias argentinas se aplica, al igual que sucede en muchos países del mundo. El beneficio es que brinda la posibilidad de implementar políticas públicas y criminales, en sintonía con la administración nacional de turno.

«La elección del titular del Ministerio Público con una mayoría simple de la mitad más uno, es un sistema posible».

En cuanto a la forma de elección, hasta el momento no se ha logrado hacer funcionar la mayoría especial (de 2/3) para la elección del procurador. Sólo se alcanzó esa mayoría en el caso de la designación de Gils Carbó, a la que luego la sacaron sin importarle en lo más mínimo que había sido elegida por esa mayoría especial.

La elección del titular del Ministerio Público con una mayoría simple de la mitad más uno, es un sistema posible, así lo sostuvieron entre otros, el actual Presidente de la Asociación de Fiscales cuando fue invitado al Senado (año 2017) para opinar sobre alguno de los anteriores proyectos.

Lugones cuestionó la legitimidad de Eduardo Casal, el procurador interino.

Lugones cuestionó la legitimidad de Eduardo Casal, el procurador interino.

-T: ¿Qué otro beneficio considera que trae esta ley y cuál revisaría?

-A: Las reformas que se han incorporado en su articulado, como las cuestiones relativas a política de género, lo que permitirá que haya más fiscalas y se apliquen políticas de género en toda actuación del Ministerio Público y también otras correcciones necesaria como agregar un representante más elegido por los fiscales para el jury, lo que claramente, es por demás positivo.

Lo que sí creo que es materia de revisión y evaluación en el tiempo, es la comisión bicameral que se crea a los efectos de controlar al Ministerio Público Fiscal porque lo que se debe evitar es que la función de control se convierta en una especie de cogobierno. Eso tiene que estar muy controlado para que el Ministerio Público Fiscal siga actuando de manera independiente.

-T: ¿Existe algún otro aspecto que considere que haga necesaria la sanción de una nueva ley para el Ministerio Público?

-A.L: Otro aspecto de inmediata reforma es el régimen disciplinario hoy vigente, que fue dictado en 2017 y que es absolutamente cuestionable en cuanto a la violación de las garantías constitucionales y convencionales en lo que hace al derecho de defensa de los fiscales y fiscalas. Lo que se cuestiona es que hay una doble vara en la forma en que son tratados los fiscales amigos respecto de los cuales no avanza ninguno de los sumarios en su contra. Respecto de los que no son amigos hay dos varas, una es avanzar rápidamente y dejarlos sujetos a una investigación que no es posible controlar, vigilar o cuestionar adecuadamente, en tanto que para otros lo que se aplica es el régimen de dejarlos colgadas de un pincel, por largo tiempo, para que pueda ser presionable, llegado el momento.