29 - agosto - 2021

La crisis energética, la falacia de la renta hídrica y la hipocresía asintomática

El desarrollo de la anodina campaña electoral en Chubut no sigue dejando mucho para analizar, entre reuniones con entidades sociales intermedias que no son de base; las visitas a productores pequeños con cierto éxito pero que no representan a los sectores que generan empleo; y las fotos vacías de contenido. Hasta ahora, a dos semanas de las PASO, todo se juega en las redes sociales, en donde algunos candidatos han invertido fortunas para aparecer en los celulares de los votantes.

Sin embargo, algunos candidatos salieron a expresar su honda preocupación por la crisis energética de Chubut, que hace años viene dejando sin luz, agua y cloacas a miles de chubutenses que viven en pueblos alejados y que la gran mayoría de los candidatos no conocen.

La última en hablar del tema fue la candidata a senadora de Todos, Florencia Papaiani, quien en una declaración de campaña aseguró que “es inadmisible que en una provincia productora de energía haya chubutenses sin luz”, y que “tenemos que integrar energéticamente a la provincia, terminar con los sistemas aislados de generación”, exigió Papaiani.

Aunque correcto, el enfoque de Papaiani sorprende por el atraso en ser expresado. Hace años que sectores gremiales y técnicos vienen alertando la grave situación de los servicios públicos en el interior provincial, sin que casi ningún sector político esboce algún tipo de atención y, mucho menos, una solución. Ahora, algunos parecen haberse dado cuenta súbitamente de lo que viene pasando y se expresan con una hipocresía asintomática que abruma. Parecen candidatos sin pasado ni responsabilidades, nacidos de un repollo.

Papaiani, por ejemplo, fue secretaria de Turismo de Mario Das Neves y más tarde ocupó un lugar más relevante en el de Martín Buzzi, en donde lideró la pomposa Secretaría de Planificación Estratégica. Ninguno de los dos gobiernos hizo nada por la crisis energética que empezaba a dar sus primeros pasos. Ahora, además, la candidata a senadora trabaja como funcionaria del bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, el mismo desde donde se pretende solucionar la crisis energética impulsando un proyecto de “renta hídrica” que es cualquier cosa menos una expresión de soberanía energética.

El proyecto en cuestión, impulsado por seis legisladores peronistas y una de Chubut Al Frente (Adriana Casanovas, Carlos Mantegna, María Belén Baskovc, Mario Mansilla, Mónica Saso, Rafael Williams y Zulema Andén), presentado en marzo pasado y derivado a tres comisiones parlamentarias, pretende cobrar más regalías de lo generado por la central Hidroeléctrica Futaleufú, ubicada en Trevelin y de la cual la Provincia es propietaria del 33,51% de las acciones (el 60,2% es propiedad de la firma Aluar y el 6,29% de otros accionistas), y conseguir energía más barata pero sólo para las ciudades y pueblos de los alrededores.

Ya recibió varios cuestionamientos por su irrelevancia y hasta anticonstitucionalidad, pero sigue dando vuelta con apoyo de algunos sectores del peronismo. Es más, la semana pasada, los legisladores que lo impulsan se sentaron en el despacho del intendente Adrián Maderna y volvieron a exponer el proyecto como una “salida” a la crisis energética.

El proyecto tiene una falla de origen imperdonable: la falta de una mirada integral del territorio. Tratándose de un recurso como la energía que es de todos los chubutenses, se pretende usar exclusivamente en beneficio de una región (cinco departamentos cordilleranos). Además, intenta imponer el cobro de regalías provinciales en lugar de reclamar a Nación que ceda a la Provincia el control de la represa cuando finalice el contrato de concesión, lo cual debería ser considerado como un acto de reparación histórica que Chubut merece largamente, sobre todo después de más de tres décadas desde que la Provincia cediera a Nación puntos de la Coparticipación Federal que nunca fueron devueltos con obras, como se prometió.

Más allá de las reivindicaciones históricas, el proyecto pretende cobrar regalías hidroeléctricas que ya están fijadas por el contrato de concesión de los años 90, que otorga a las provincias canon mensual de 12%. Es decir, el proyecto de renta hídrica contradice la Constitución Nacional y el orden jurídico, ya que es el Congreso quien tiene la facultad para ordenar la política energética nacional. O sea, un mamarracho jurídico.

Por si fuera poco, adelanta las negociaciones ante la proximidad en la finalización -en 2025- del contrato de concesión de Hidroeléctrica Futaleufu S.A y autoriza al Ejecutivo Provincial a desprenderse del paquete accionario de la empresa. Cada día que pasa, el proyecto se parece más a una jugada de Aluar por mantener más allá de 2025 sus intereses en la generación de energía que una defensa de los intereses de los chubutenses.

El Estado provincial aportó el recurso hídrico y el territorio –además de 80 millones de dólares cuando fue privatizada en 1995-, por lo cual resultaría razonable que al final de la concesión se quede con la propiedad de la obra.

La semana pasada, el investigador del CONICET Bruno Fornillo escribió una columna en el diario Página 12 en la que describe con precisión meridiana el panorama que se avecina, no sólo para Futaleufú sino para las otras 18 represas hidroeléctricas privatizadas por el menemismo. Fornillo advierte que en el corto plazo se presenta una oportunidad para avanzar en una reforma que cambie las reglas de juego de un área estratégica: “Las represas son capital-intensivas, requieren una inversión cuantiosa para erigirse y tras ello sus costos de operación son menores, se amortizan en treinta años y su vida útil puede alcanzar la centuria. Aquellas represas se pagaron con fondo públicos para terminarse entre los años 1979 y 1993, y en este último año se privatizaron todas. Claro está: inversión pública, ganancia privada”, señala el investigador del CONICET.

“¿Por qué, de mínima, es central que esas represas vuelvan a manos públicas al fin de su concesión?”, se pregunta el especialista: “Recuperarlas contribuirá a financiar y asentar el predominio público en el nuevo paradigma energético, afianzando las capacidades productivas y la tecnología local. Es preciso desestructurar el régimen corporativo energético y financiero neoliberal, verdadero corset que inhibe todo sendero de equidad y transformación real, para crear una transición energética popular que privilegie el combate al cambio ambiental global y donde la renta y el control esté en manos públicas y de los actores sociales”.

 

Fuente: Diario Jornada.