10 - febrero - 2018

Estiman que cada nuevo empleado público demanda 40 millones

La designación de un empleado público implica comprometer unos $40 millones del Estado, estimó un informe privado, el cual advirtió que la prohibición a los familiares de funcionarios “es simbólico”. Según IDESA, un agente se jubila con 35 años de servicio, lo que representa 23 millones en todo ese tiempo, de los cuales la mitad son cargas sociales. Después al estado le demanda otros 17 millones en jubilación y pensión a conyugue e hijos por fallecimiento.
“La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico”, consideró el estudio, el cual evaluó que “también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado”, sostiene el estudio de la consultora.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), “la norma no resuelve los problemas ligados con la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público”.

455 sueldos

El documento apunta a cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado y señaló que si se toma como ejemplo “un empleado público provincial que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad”, a lo largo de su vida activa “habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones”. Teniendo en cuenta los parámetros de la edad jubilatoria, el estudio señala que en promedio los estatales se acogen al sistema previsional con 35 años de servicio; cada año se abona 13 sueldos, incluyendo el SAC, lo que significaría que en 35 años se le abonan 455 salarios.
“Cuando se jubile, habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca”, calculó y subrayó que, de ese modo, “designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones”.

Recursos públicos

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Por ello, el estudio analizó que esos datos son “aproximados, pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado”. “Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad, una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia”, afirmó IDESA.

“La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico. Pero también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado. Dentro de ellas, la principal se deriva de aplicar con exagerada rigidez el principio de la estabilidad en el empleo público”, sostiene IDESA.
El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.
“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante”, añade.

Estabilidad

“El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida”, compara el estudio sobre lo que ocurre con el sector privado.
Asimismo, interpreta que “esta modalidad de gestión de los recursos humanos desnuda las inconsistencias de las normas que rigen en el Estado. Para efectuar una compra de un bien o servicio por un monto de esta magnitud es necesario un llamado a licitación pública aplicando controles de legalidad y pertinencia, métodos transparentes y competitivos de compulsa e instancias de apelación. Designar a un empleado, aun cuando involucra montos mayores, se puede hacer por una mera decisión individual y arbitraria, sin transparencia y mucho menos compulsa pública y apelación. El problema se potencia porque las condiciones laborales en el empleo público son mucho más ventajosas que en el sector privado, de manera que resulta muy tentador usar el empleo público como una forma de distribuir favores”, describe sobre lo que viene ocurriendo durante décadas en las diferentes esferas del estado.

Transparencia en las designaciones

IDESA considera que “para revertir las malas prácticas en la gestión de los recursos humanos un paso importante serían los mecanismos de transparencia de las designaciones. Como ocurre con las contrataciones de bienes y servicios, el ingreso de personal deberia ser justificado públicamente. Otro tema importante sería acortar la enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado. De lo contrario, la presión por ingresar al Estado es irresistible. Pero el punto más importante es revisar las prácticas que han desnaturalizado el concepto de estabilidad en el empleo público”.

Evaluación de desempeño

En este sentido, propone “un mecanismo simple y eficaz sería establecer que la estabilidad se aplica sólo a los cargos esenciales. En estos casos el acceso debería ser por estricto proceso de selección de antecedentes y oposicion y quienes los ocupen quedar sometidos a rigurosos procedimientos de evaluación de desempeño”.
“El resto de las designaciones se deberían extinguir automáticamente cuando el funcionario que las hizo deja su puesto. De esta forma, se tendría un cuerpo profesionalizado de servidores públicos y cargos para colaboradores del funcionario ocasional que no se enquistarían en los organismos del Estado. Se evitaría así que el empleo público crezca de manera aluvional”, analiza el estudio.

FUENTE: EL DIARIO DE MADRYN