3 - junio - 2019

El tratamiento para agresores por violencia de género

La Convención de Belem Do Pará, establece en el art. 7, la obligación estadual de actuar con debida diligencia en los casos de violencia de género.

Con ello se refiere a investigar, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. A través de la formación de las y los operadoras/es jurídicos que investigan, de quienes emiten decisiones y del Estado para evitar la repetición de estos hechos.

Es decir que una vez impuesta la condena (en suspenso o de efectivo cumplimiento), no cesa la obligación adquirida, sino que, debería existir un tratamiento especial para estas personas.

Si tenemos en claro que, la violencia hacia las mujeres es un problema estructural, llamado patriarcado y que debe deconstruirse. La lógica conclusión indica que sólo a través de la educación, será posible revertir, o al menos, evitar que quienes fueran condenados repitan las conductas violentas.

Esta nueva educación debe estar basada en el respeto de los derechos del otro o de la otra, en tanto humano/a, y además, debe partir de una toma de conciencia sobre lo que es hoy ser “hombre”.

Esto significa que existen otras formas de ser hombre distinto al tradicional proveedor, que pueden ser aprendidas, y que se denominan “nuevas masculinidades”.

Para empezar es necesario entonces tomar conciencia, sensibilizarnos, reflexionar (a través de la introducción de nuevos conocimientos) y aprender a dejar de ser. Por supuesto que se debe abordar lo actitudinal, desde la terapia psicoterapéutica.

Estos son los pilares de todos los programas vigentes, que, con distintos nombres, toman el problema socio cultural en pos de modificar y lograr que disminuya la violencia hacia las mujeres.

Quizás, aquel que los operadores judiciales más han visitado, y conocido, es el denominado “Proyecto Barcelona”. Por ejemplo las Procuraciones de Chubut y Salta, recientemente, han enviado profesionales para observar su funcionamiento, entusiasmados por los excelentes resultados que promociona el Poder Judicial de España, donde la tasa de reincidencia bajó abruptamente en este tipo de delitos (25% al 6%).

Pero también la provincia de Mendoza, con un modelo que viene desarrollándose desde diciembre 2016, lo ha institucionalizado, a través de la ley 8932, con Centros de Abordaje al Agresor, en cabeza de la Dirección de Equidad y Género, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.

En la órbita nacional, el Servicio Penitenciario Federal, cuenta en la unidad de Senillosa, con un programa específico para agresores sexuales, con similar abordaje (a grandes rasgos): reflexivo y psicoterapéutico.

En Puerto Madryn, funcionan los talleres de reflexión dependientes de la Dirección de Equidad de Género del Municipio, también con excelentes resultados.

Mi propuesta es que en esta deconstrucción socio cultural, intervenga, y se interese, todo el arco estatal: legisladores y legisladoras (para lograr un Programa sustentable y autosostenible), Ministerio de Salud (a través del área de Salud mental para brindar psicoterapia); el INADI local, que promoverá y fortalecerá el respeto por los derechos de los otros/las otras, las y los replicadoras/es de la Oficina de la Mujer de la CSJN. Todo ello coordinado por el Ministerio de Gobierno, porque conforme a la ley de Ejecución de la Pena, tiene a su cargo brindar el tratamiento penitenciario. Finalmente la Justicia que indicará quien debe realizar este tipo de tratamiento (como pauta de conducta en una condena por violencia de género).

De este modo, se dará cumplimiento a otra garantía: la de no repetición de este tipo de hechos y se hará efectivo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Fuente: Diario Jornada