28 - noviembre - 2017

El Superior y el fallo contra Suárez García: “Es deshonroso para el Poder Judicial”

El Tribunal de Enjuiciamiento que destituyó por mal desempeño a la fiscal general de Rawson, Graciela Suárez García, dio a conocer los fundamentos de su fallo. Mario Vivas, José Grazzini, Roddy Ingram, Juan Manuel Irusta y Nicolás Demitriu, explicaron sus votos con duras críticas a la investigadora por su trabajo en un caso de trata en 2010, cuando una joven correntina llegó a Rawson engañada por una promesa laboral y terminó encerrada en un prostíbulo, de donde pudo escapar.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, cuestionó a la exfuncionaria porque omitió investigar la privación ilegal de la libertad y el abuso sexual y por no trasladar el caso a la Justicia Federal.

Pese a contar con datos que indicaban que la víctima había estado secuestrada en el local nocturno “La Sirena” y que pertenecía a Cristóbal Barboza, Suárez García no adoptó medidas para localizar al sujeto.

“Ninguno de los delitos que tenía frente a sí fue investigado responsablemente y faltó a la verdad a la hora del cierre de las actuaciones, más allá de dejar establecido falsamente que se habían realizado las medidas de investigación correspondientes”.

Vivas recordó que cuando la Justicia Federal investigó el hecho, condenó a Barboza: “¿Por qué la Justicia Federal pudo investigar y la fiscal no?”.
Según Vivas, “surge palmariamente que se han verificado todas las causales motivo de acusación. Es deshonroso para el Poder Judicial del Chubut contar en sus filas con una magistrada que no hizo lo que era su obligación hacer y no quiso hacer”.

El vocal Irusta enumeró que la exfiscal de Rawson “fue remisa a practicar las medidas de investigación que la naturaleza del caso imponía con el fin de individualizar a los autores”.

Además “dejó de aplicar los dispositivos para casos de trata y delitos conexos y para delitos contra la integridad sexual; ordenó el archivo de las actuaciones que no se condicen con las constancias agregadas al legajo y desconoció los derechos de la víctima al omitir la notificación de la resolución de archivo, obstaculizando una eventual revisión de la decisión”.

El abogado cuestionó que Suárez García haya cerrado las actuaciones obviando datos de la causa, como un retrato de Barboza, la persona señalada por la víctima como el responsable. “Roza no solo en la deficiencia y ejercicio de la función pública sino en una posible figura penal de encubrimiento y prevaricato”.

A su turno, Demitriou destacó que “siempre que una mujer víctima de violencia se presente en una dependencia pública pidiendo protección, el Estado tiene la obligación de obrar con la debida diligencia”. Según el abogado comodorense, la causa debía derivarse de inmediato al fuero federal. No se podía archivar el caso “en tanto los autores no eran ignorados, sino que se había individualizado a Barboza, domiciliado en la zona; no se agotaron las medidas de investigación pues se omitió solicitar un registro domiciliario del sitio donde la víctima fue retenida; tampoco se solicitaron datos del teléfono móvil desde donde la habrían amenazado una vez que pudo liberarse, ni se condujo una investigación sobre el teléfono móvil del sospechoso. La víctima no fue revisada exhaustivamente por un médico forense, perdiéndose evidencia de los delitos sexuales sufridos”.

El diputado Ingram, de Chubut Somos Todos, manifestó que Suárez García “no atinó a montar, mínimamente, una investigación que permita conocer la verdad” y la responsabilizó de no disponer “las medidas efectivas y necesarias que requería ese momento, en sentido contrario de los instructivos que había dictado la Procuración General”.

“Amén de no tomar medidas para la identificación de los responsables del padecimiento de la víctima, que surgían del retrato hablado, del recorrido fotográfico y del itinerario desde su llegada hasta su confinamiento y que apuntaban hacia una persona en concreto, para coronar esta serie de desatinos y luego de un tiempo breve, ordenó el archivo de la causa”.

El legislador consignó que “en estos delitos, donde la mayoría de las víctimas de trata son mujeres y, además, niñas, se debe exigir una actuación responsable y coordinada del Estado, en todos sus niveles”. El accionar de la fiscal “excede al particular ofendido y conmociona a toda la sociedad”.

“Problemas gravísimos”

El diputado José Grazzini, del Frente para la Victoria, expresó que el caso reveló “gravísimos problemas”. La fiscal “no sostuvo la investigación en miras de la búsqueda de la verdad, no valoró prueba fundamental ni tomó los recaudos que debía tomar obrantes en las instrucciones de la Procuración General, optando directamente por archivar el legajo, sin siquiera notificar a la víctima de esa decisión, para que en su caso pudiera constituirse como querellante y no dejar caer la causa”.

“La falta de compromiso de Suárez García la coloca en un lugar de suma vulnerabilidad en cuanto a la potencia de la acusación y los hechos fácticos que no realizó y debió realizar en la investigación (…) El mal desempeño resulta evidente a estas alturas”.

Fuente: Diario Jornada.