21 - noviembre - 2017

El Presupuesto Nacional 2018 proyecta ajustes en el gasto social

Las proyecciones presentadas por el oficialismo en el Presupuesto 2018 están en línea con las estimaciones de los consultores del sector privado. El proyecto presenta trayectorias de reducción del déficit fiscal y la presión tributaria que sirven para limitar la incertidumbre que tiene cualquier proceso de evaluación de un proyecto de inversión de largo plazo. En tanto, las partidas destinadas a “servicios sociales” aumentaron un 50 por ciento entre 2001 y 2015, mientras que para 2018 promete recortes en esas áreas.
La denominación del Presupuesto como “ley de leyes” obedece al hecho de que define, y subordina, los grandes lineamientos del modelo de país que se busca desarrollar en el corto plazo. Si bien las urgencias y las razones políticas provocan que el mismo difiera con su ejecución final, no menos cierto es que estas distancias no alcanzan a modificar radicalmente el diseño elaborado por el equipo económico bajo instrucciones políticas.
En este sentido, resulta ilustrativo observar qué sucedió con el último presupuesto formulado por la Alianza y convertido en ley por el Congreso, es decir dentro de la experiencia neoliberal previa a la actual, el último del kirchnerismo, y el elaborado por la alianza Cambiemos para el año próximo, en base a un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) a pedido de Cash.

Inversión social

Para las conclusiones, es necesario además tener en cuenta que las cifras expresadas en porcentaje del PIB deben ser evaluadas teniendo en cuenta que el Producto se duplicó entre 2001 y la actualidad, lo que implica en cualquier caso erogaciones reales mayores. Luego, lo primero que surge, sobre todo en el contexto de éxito electoral de la alianza Cambiemos, es el sostenimiento del salto cualitativo que el gobierno anterior efectuó en las partidas destinadas a “servicios sociales”. Estas aumentaron un 50 por ciento entre 2001 y 2015, y ello no se modificó sustancialmente durante el actual gobierno, que en el presupuesto 2018 mantiene esta erogación en niveles equivalentes, lo que marca una similitud con un kirchnerismo que tenía en las políticas de transferencia de ingresos uno de sus puntales, y por las cuales era acusado por la entonces oposición, hoy en el poder, de efectuar populismo económico y desalentar la cultura del trabajo. De hecho, representa el único contraste con aquella Alianza inicial que, sin una política de contención para las capas crecientemente excluidas de su modelo, terminó implosionando.
En lo que si se asemejan los presupuestos de ambas experiencias neoliberales, y difieren con el kirchnerismo, es en lo referente a los servicios de la deuda. Mientras que el anterior gobierno efectuó una política de crecimiento económico con desendeudamiento que redujo la carga de los intereses en el Presupuesto Nacional, el actual desarrolla un megaendeudamiento en consonancia con la política iniciada por la dictadura cívico militar de 1976 y continuada por el menemismo y la Alianza, lo cual se refleja, en el caso del presupuesto, en gastos por servicios de la deuda pública que del 4,37 por ciento del PIB en 2001, disminuyeron a 1,60 por ciento en 2015 pero aumentaron al doble, 3,29 por ciento, en el presupuesto 2018.

Servicios de deuda

Otro aspecto, pese al discurso neoliberal que demoniza a los “empleados públicos”, es decir la administración gubernamental que no incluye policías, militares, docentes, médicos y enfermeras, el porcentaje del PIB destinado a estos trabajadores no varió fuertemente entre el último presupuesto de la Alianza, el del kirchnerismo, y el del 2018, pues se situó entre el 1,1 y 1,3 por ciento del PIB.
Así, tal vez, el único logro que pueda exhibir el actual gobierno sea la reducción de los subsidios a los servicios públicos, fundamentalmente los energéticos, que fueron los mayores responsables del déficit fiscal en el que incurrió la Argentina desde 2009. Estos habían crecido del 0,71 por ciento del PIB en el presupuesto de 2001 al 4,24 para el de 2016, pero se reducen al 2,48 en el de 2018. Si bien desde diversos ámbitos, incluso heterodoxos, se planteaba la necesidad de un reordenamiento en esta materia, el sesgo regresivo que se le dio a esta disminución tuvo como consecuencia la fuerte caída en la actividad económica, el empleo, y el aumento de la pobreza. En esa clave posiblemente se pueda leer el aumento del presupuesto destinado a los servicios de la deuda y a la contención social.
En definitiva, a que el gobierno que venía a reducir las erogaciones del Estado, haya presupuestado un gasto público nacional del 23,49 por ciento del PIB, solo 0,6 puntos por debajo del presupuesto 2016, cifra que suele estar dentro del margen de error cuando se computan las ejecuciones.
Una de las secciones más importantes del Presupuesto suele ser la dedicada a las proyecciones macroeconómicas. Allí se presenta la evolución para los próximos años del PIB, del tipo de cambio, de la inflación y del comercio exterior entre otras variables y resulta una herramienta útil para testear la consistencia del programa económico del Gobierno.

Crecimiento

Según las proyecciones oficiales, la economía crecería en 2018, 2019, 2020 y 2021 a un ritmo del 3,5% anual. Una meta ambiciosa si tenemos en cuenta que las perspectivas para Latinoamérica es un crecimiento de 2,7% promedio para el mismo período. En ese marco, Argentina estaría entre las economías de la región con más alto crecimiento. Medido en términos per capita, el ritmo de crecimiento sería de 2,5% anual lo que permitiría recuperar en 2018 el nivel de riqueza por habitante de 2011, último año de crecimiento a tasas chinas y pico de los precios de las commodities. Hay que recordar que el estancamiento económico entre 2012 y 2016 significó una caída del PIB por habitante de 6%.

Inversión

“Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay trabajo, y sólo generando trabajo podremos eliminar la pobreza”. Con esa frase se inicia el proyecto de Presupuesto, mostrando que el Gobierno tiene como primer punto dentro de su agenda impulsar la inversión privada. Por eso no sorprende que cuando observamos las proyecciones de largo plazo, el componente más dinámico de la demanda agregada sea justamente la formación de capital. El Gobierno espera que la inversión crezca por encima de los dos dígitos en 2017 (10%), en 2018 (12%) y en 2019 (10,1%). En promedio en periodo 2018-2021 la inversión treparía a un ritmo de 9,5% anual por lo que la participación de la inversión en el PIB alcanzaría el 25% en 2021, permitiendo incrementar los niveles de productividad de la economía y acelerando el ritmo de expansión.

Consumo

Lejos quedaron los años en que el consumo era el principal impulsor de la actividad económica. Si bien en todo en el período 2017-2021 se espera que el consumo de los hogares crezca, lo hará en todos los casos por debajo del promedio de la economía. Algunos factores que podrían explicar la suba son mayores ingresos reales en un contexto de desinflación, la creación de empleo privado y la toma de crédito al consumo por parte de las familias.

Gasto público

El gasto público también perderá protagonismo. 2018 sería el último año con crecimiento en términos reales del gasto público consolidado (1,3% considerando la Nación, provincias y municipios) ya que en 2019 y 2020 se mantendría constante. De este modo, el peso del consumo público en el PIB bajaría por primera vez desde 2011, y al cabo de 4 años se reduciría del 14% actual a 12,4%.

Comercio exterior

Tal vez uno de los mayores llamados de atención para los hacedores de política sea el rápido deterioro de las cuentas externas. En 2017 muy probablemente el rojo de cuenta corriente supere los 4 puntos del PIB, unos de los déficit más grandes entre economías emergentes. En este sentido, las previsiones del Presupuesto no son muy alentadoras. En 2017 se prevé que el déficit comercial alcance los U$S 4,500 millones y continúe deteriorándose hasta superara los US$ 7.000 en 2020. Por otro lado, si se tiene en cuenta el creciente peso de los intereses de deuda, el déficit de cuenta corriente puede agravarse hasta niveles que obliguen a realizar correcciones en el tipo de cambio.

Fuentes: Página 12, El Economista, otras