9 - noviembre - 2017

El Estado paga 737 millones por mes en jubilaciones de privilegio

El Estado nacional destina casi $ 740 millones por mes en “jubilaciones de privilegio”, como se las conoce comúnmente. Son 7203 beneficiarios, entre los que están 11 ex Presidentes y Vices. Pero el 85% del total es para las pensiones vitalicias de ex jueces de la Corte y otros cargos judiciales. En pleno debate por la reforma, una consultora aseguró que la baja de subsidios económicos “no alcanza” para tapar el rojo fiscal y subrayó la necesidad de modificar el sistema previsional, que en los últimos ocho años pasó de representar el 6,7% del PBI a más del 10%.
Al contrario de lo que podría pensarse, las pensiones vitalicias especiales, tal su nombre legal, que cobran los ex Presidentes representan el ítem más bajo del global: el 85% de la torta se destina a haberes mensuales de ex integrantes del Poder Judicial.

Un puñado de beneficiarios

Del total que reparte la Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, son actualmente 11 beneficiarios, entre ex Jefes de Estado (o sus viudas) y vicepresidentes, con un promedio cada uno de $ 200.123, según la liquidación del pasado mayo, que implican unos $ 2.201.353 por mes. También hay 625 ex miembros del servicio exterior (embajadores y cónsules retirados) a los que se les transfieren $ 96.143.125, con una pensión promedio individual de $ 153.829. Y, finalmente, son 6.567 entre ex jueces y otros escalafones judiciales los que cobran un estimado de $ 97.272; es decir, un desembolso de $ 638.785.224 por mes.
La suma mensual que se desprende del cuadro adjuntado ante la pregunta 188, trepa a $ 737.129.702 en concepto de haberes especiales en mayo, un equivalente a 101.729 jubilaciones mínimas, pero con el reciente aumento anunciado el 16 de agosto que las llevó a $ 7.246.

Pensiones vitalicias

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Con la aclaración de que se tratan de abonos promedio, en base a las remuneraciones de las tres categorías, en las llamadas “jubilaciones de privilegio” se deberán destinar este año al menos unos $ 8.845.556.424 para distribuir entre 7203 beneficiarios. Considerando que el Gobierno estimó gastar $ 5,6 millones para la construcción de 444 jardines de infantes (poco más de $ 12,6 millones cada uno), con este global se podrían terminar 701 establecimientos en 12 meses.
A modo de comparación, en los primeros seis años del Fútbol para Todos (de 2009 a 2015), el kirchnerismo transfirió a la AFA casi lo mismo que este 2017 se irán a pensiones especiales: unos $ 9000 millones.
Si bien algunos pueden donarlas, las asignaciones mensuales vitalicias, contempladas por la ley 24.018 sancionada en 1991, le corresponden a Presidentes, Vices, jueces de la Corte Suprema (éstos tienen que tener al menos 4 años en el cargo), Procuradores Generales, diversos secretarios, peritos, jefes de despacho y a otro medio centenar de escalafones judiciales. Y la norma 22.731, de 1983, se las concede a siete categorías del servicio exterior.
No es el único privilegio del Poder Judicial, además del 82% móvil: para el 2017, el Gobierno estima que la exención del Impuestos a las Ganancias de los magistrados representará un costo fiscal de $ 5606 millones.
En 2009, el Congreso aprobó por la ley 26.475 para retirarle este beneficio a ex funcionarios de la última dictadura militar. En marzo de este año, la ANSeS comenzó los trámites para dar de baja a algunas jubilaciones de privilegio.

El déficit y el gasto se podrían achicar sólo con una reforma jubilatoria

Según Economía&Regiones, el déficit y el gasto se podrán achicar sólo con una reforma jubilatoria. Hace falta una reforma fiscal “de fondo” que “achique el Estado, baje el gasto, y reduzca el déficit”, indicó un informe de E&R, en el cual la consultora aseguró que para que ese objetivo sea exitoso hay que “introducir reformas al sistema jubilatorio”.
“Hace falta una reforma fiscal de fondo que achique el Estado, baje el gasto, y reduzca el déficit no sólo para tener chances de que potenciar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico, sino para tener la posibilidad de minimizar los efectos negativos de un potencial endurecimiento de las condiciones financieras externas”, planteó.
Según el análisis, la baja del gasto “tendrá que materializarse sobre las jubilaciones, planes sociales y empleo público”.
El informe precisó -sobre la base de los datos de la composición del gasto primario del Sector Público Nacional (SPN)- que, por un lado, las jubilaciones que “se llevan el 43 por ciento del total”, por el otro, “los subsidios sociales, el empleo público y los subsidios económicos que se llevan entre 15 y 12%”, y “más atrás está la obra pública, que tiene una importancia relativa en torno del 10%”.
La consultora aprobó la gradual baja de los subsidios económicos, pero advirtió que esa reducción no alcanza por sí sola. “El ajuste basado exclusivamente en el recorte de los subsidios económicos y en el aumento de las tarifas está condenado al fracaso”, auguró.
Ante este escenario, E&R afirmó que “no habrá reducción del Estado y baja del gasto público y del déficit fiscal exitosas y sostenibles en el tiempo si no se introducen modificaciones al sistema jubilatorio”.
El informe indicó que el aumento de las jubilaciones “explica el 65 por ciento del incremento del gasto total del SPN entre 2009 y 2017”, y el pago de los haberes jubilatorios “aumentó términos del PBI pasando de 6,7% (2009) a 10,2% (2017)”.
“Como contracara, el impacto del aumento del gasto en jubilaciones fue la suba del déficit fiscal que hoy trepa 7% del PBI en 2017”, señaló.
En este contexto, la consultora evaluó que “la primera reforma estructural que debería encarar el nuevo Congreso debería ser modificar la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios para eliminar el componente que permite un ajuste permanentemente positivo de las jubilaciones en términos reales”.
En segundo término, opinó que el Congreso “también debería subir la edad jubilatoria promedio del sistema jubilatorio argentino”. En tercer lugar, abogó por hacer “modificaciones en los planes sociales y en el empleo público”.
“Si se atacan todas las esferas se abre la puerta a una mayor reducción de impuestos, una mayor reducción del déficit fiscal y, por consiguiente, se desahogaría al sector privado generando más inversión, más empleo y más crecimiento”, concluyó.