25 - septiembre - 2017

El debate sobre bajar la edad de imputabilidad acerca posiciones entre concejales

Se trata de una temática controvertida en el marco de la opinión pública, la cual, regularmente, vuelve a resurgir a partir de distintos hechos delictivos, en ocasiones graves, cometidos por menores de edad.
Semanas atrás, fue el ataque a puñaladas a dos jóvenes por parte de un menor, detenido y sindicado como el presunto autor de la “tentativa de homicidio” que casi termina con la vida de uno de ellos, en un episodio ocurrido a la salida de un boliche céntrico.
Sin embargo, cuando se discute la baja en la edad de imputabilidad, tópico que ha recorrido distintas mesas de debate, incluso a nivel nacional, existen posiciones encontradas entre quienes bregan por la “mano dura”, exigiendo penas y leyes más duras para quienes cometan delitos, y, por otra parte, están quienes simplemente exigen que se cumpla la ley, garantizando el orden social sin “demonizar” a los más jóvenes.
En este contexto, los ediles del Concejo Deliberante de Puerto Madryn marcaron una fuerte posición respecto de la discusión por reducir la edad de imputabilidad en los menores de edad, algo sobre lo que el propio Procurador General, Jorge Miquelarena, se pronunció a principios de año, en ocasión de la reforma de la Ley 22.278 propuesta por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia.

Amplia legislación protege los derechos

En una Comunicación elaborada por el concejal Franco Albanesi (UyO), el pleno del Concejo no solamente declaró “de Interés” la charla abierta realizada días atrás por la doctora Claudia Cesaroni en el Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), sobre “Debate por nuestra Niñez” y “No a la baja de la Edad de Punibilidad”, sino que también pusieron en análisis cuestiones tales como “las necesidades de existencia básica de las que carecen un gran número de niños y niñas de nuestro país”.
Además, citaron como fuente de apoyo a la Convención Internacional sobre los derechos de la Infancia, la propia Constitución Nacional y legislación de carácter nacional como, por ejemplo, las leyes 23.849 (que aprueba la convención de los derechos del niño; 26.061 (de protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su Decreto Reglamentario 415/2006); 26.290 (Capacitación al personal de las distintas fuerzas en materia de derechos humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes); 26.390 (Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente); 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad), sin dejar de mencionar a la Constitución Provincial, las leyes provinciales III-21 “de Protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia”, la 9944 “de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 3.343, que supuso la creación del CONAF, cuyo rol hoy se encuentra en debate.

Regresividad

Por otro lado, plantearon que “en el marco del debate Público sobre la creación de un nuevo régimen penal juvenil que se impulsa desde diversas esferas el estado nacional y que intenta instalar nuevamente en los medios masivos de comunicación, la propuesta de bajar la edad de punibilidad de los adolescentes presentándola como parte integral de una nueva política pública vinculada a la seguridad, resulta necesario escuchar el posicionamiento de los diversos organismos vinculados con la Defensa de los Derechos Humanos y en particular de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes entienden que esta iniciativa viola nuestra Constitución Nacional y todos los acuerdos y pactos internacionales en la materia, a los cuales nuestro país adhirió oportunamente” y remarcaron que “por tal motivo, se viene realizando diversas campañas para sensibilizar e informar a la sociedad sobre la regresividad de tal medida y el retroceso que esta implica en materia de Derechos Humanos”.

Contra los “chivos expiatorios”

En este orden, “los estándares Internacionales para la Justicia Juvenil unánimemente consagran como objeto principal la re sociabilización de los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”, agregaron, entendiendo que “el eje del Trabajo de estos debates es interpelar el sentido común de una parte de la sociedad replicado por los medios de comunicación masivos que estigmatizan a los jóvenes en especial de sectores vulnerados reducidos a la categoría de ‘delincuentes’ y convirtiéndolos en chivo expiatorio del problema de la seguridad entendiendo dicho concepto como derecho exclusivo de una clase o sector social”.
Los ediles opinaron que “es menester pensar que la necesidad de un sistema penal juvenil representa la falencia del estado que no pudo garantizar a los adolescentes el acceso a sus derechos” y que, “en consecuencia, la prevención del delito juvenil debe estar basada en la acción coordinada de políticas públicas de protección integral y recursos de Estado que ofrezcan a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativa para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito. La utilización de la privación de la libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia; lejos de la pretensión resocializadora el encierro temprano implica una sociabilización de la violencia la adopción de códigos propios de la cultura de la carcelaria, la anulación de la identidad y el desarraigo”.

Una responsabilidad y no un “problema”

A su vez, el documento expresó que “como personas adultas, como legisladores, como sociedad como así también individualmente, debemos ocuparnos y preocuparnos por el futuro de nuestra sociedad, lo que significa preocuparse y ocuparse por los niños, niñas y jóvenes de hoy” y que “nuestros vecinos y vecinas no son ajenos a esta realidad y sienten y tienen la necesidad de hablar, debatir, exponer, etcétera, sobre esta temática”.
En esta línea, fundamentaron que “debemos darnos y valorar estos espacios donde la comunidad pueda expresarse y debatir sobre las problemáticas que atañen y mantienen en vilo a la población, ya que es ejercer la plena ciudadanía, lo que conlleva un importante fortalecimiento de democracia”, al tiempo que valoraron el rol de la disertante, Claudia Cesaroni, a quien calificaron como “una importante referente en la temática y forma parte de la Red ‘Argentina No Baja’”.
Finalmente, recordaron la serie de actividades de tenor similar realizadas en Puerto Madryn, donde se analizó el contexto debatido respecto de los jóvenes y la edad de imputabilidad de los mismos: “En nuestra provincia el 27 de junio del corriente en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal de Cuentas, en la ciudad capital se llevó adelante el debate, bajo la consigna ‘Argentina no baja, Chubut no baja’; el mismo día se realizó un primer encuentro en nuestra ciudad en instalaciones del Cenpat y el 28 de junio se llevó a cabo la jornada de sensibilización con la consigna ‘No a la baja de edad de imputabilidad’, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew”.

Una discusión con altibajos en el tiempo

En una entrevista reciente, una de las representantes de la Red Argentina No Baja, Luciana Pandullo, recordó que “en todas las últimas décadas, siempre aparecen estos intentos, y siempre se da el mismo esquema; pasa una situación que implica a un joven en un hecho delictivo, una cada tanto, y encima no es que hay un juicio y está la sentencia, no, nada; la sociedad tiene como primer reclamo este, ‘los pibes adentro’”, agregando que “el Gobierno aprovechó la oportunidad para dar una respuesta que es simplista, una respuesta que reduce el problema a los ‘chivos expiatorios’, que son los pibes, pero es una solución muy fácil a un problema que es gigante, que tiene muchas dimensiones, que hay que resolverlo con respuestas estructurales”.
Sobre esta línea, precisó que “el sistema de protección integral de derechos, que es lo que establece una normativa, unas leyes hermosas que tenemos y que hablan de derechos para los pibes y de un montón de cosas, no se están cumpliendo: tienen un presupuesto muy escaso e ideológicamente no se están cumpliendo; los programas están vacíos” y que “la precarización laboral impacta directamente en los programas y eso hace que el servicio se reduzca o sea más débil; estas son las políticas públicas que tienen que contener a los pibes y a las familias y, si eso falla, todo lo que pase después va a ser una consecuencia de eso. Todas las políticas de desarrollo, inclusión social y educativa están vaciadas, precarizadas; Así es imposible, no hay interés y no hay presupuesto, esto es lo que termina generando consecuencias de desinterés en el pibe y situaciones donde la familia no tiene herramientas para contener; ahí está el principal problema”.

Los menores y el delito: cifras bajas

A principios de 2017, Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires estableció que, sobre 175 homicidios registrados en 2015, sólo un caso fue cometido por un menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años, es decir, el 3,8 por ciento del total.
Por otra prate, según estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea menos del 0,5 por ciento del total; dichas cifras se reducen de manera drástica en varias provincias del Interior, entre ellas Chubut, cuya población resulta varias veces inferior en cantidad a la de los grandes centros urbanos del resto del país.