16 - octubre - 2020

El Colegio de Abogados reclama que se restituya el servicio de justicia no penal

Mediante una nota dirigida al Dr. Mario Luis Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn reclamó que se retome la actividad jurisdiccional en la justicia no penal de nuestra ciudad.
 
El último martes, representantes de los abogados madrynenses participaron de la reunión llevada a cabo bajo modalidad a distancia con autoridades del Superior Tribunal de Justicia, integrantes del Comité Médico Sanitario del Poder Judicial y los representantes de los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, donde se los puso al tanto de la situación sanitaria en cada una de las circunscripciones involucradas y en particular el estado de situación en los organismos jurisdiccionales de competencia no penal, donde rige la feria extraordinaria que ha paralizado la tramitación de todos los expedientes judiciales.
 
Se reconoció la posibilidad de mantener la vía de información y comunicación directa con las autoridades judiciales, rescatando la necesidad de poder ser oídos en forma previa a la toma de las decisiones que repercuten en el desarrollo de la ya castigada actividad profesional de los abogados y, por lógica consecuencia, perjudican los intereses de los justiciables.
 
Frente al inminente vencimiento de la feria extraordinaria dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, y atento que se desarrollará una nueva reunión del Comité Sanitario se solicitó que “no se reitere la decisión de disponer feria extraordinaria para la Jurisdicción de Puerto Madryn con suspensión de plazos procesales para la justicia no penal y que se adopten las medidas pertinentes, que restrinjan la circulación minimizando los riesgos sanitarios frente a la pandemia, pero que permitan que el servicio de justicia se continúe prestando”.
 
Los abogados entienden que el Poder Judicial de la provincia del Chubut, con funcionarios involucrados, ha trabajo de manera loable en mejorar y crear nuevas herramientas telemáticas para permitir la digitalización de los expedientes judiciales, adoptadas con beneplácito por los operadores jurídicos. También se han respetado las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación del virus en los ámbitos de trabajo, razón por la cual consideran que no existe motivo alguno para continuar con la paralización de la actividad jurisdiccional, en tanto se perdure en la aplicación de los protocolos implementados justamente para momentos de circulación del virus.
 
De la información vertida por el Comité Médico Sanitario del Poder Judicial en la última reunión, no surge que los casos positivos que se dieron en Puerto Madryn en los últimos días puedan vincularse con la asistencia de funcionarios, empleados, profesionales o particulares a los edificios de la Justicia no Penal, razón por la cual la medida adoptada por el Superior Tribunal de Justicia no se aprecia como consecuente de tal situación.
 
Concluyen en su presentación proponiendo que durante el tiempo que se mantenga la situación crítica de crecimiento de casos, se restringa la circulación suspendiendo los turnos para la concurrencia de los particulares y/o profesionales a los edificios tribunalicios y eventualmente que los jueces dispongan las suspensiones de términos puntuales en los casos concretos en los que la asistencia personal sea ineludible para garantizar el derecho de defensa de las partes. También que se admitan las remisiones de oficios, testimonios, etc. por correo electrónico y se reprogramen las audiencias que no se puedan realizar vía telemática.
 
La posición del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, cuenta con el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que remitió una nota al Superior Tribunal de Justicia exhortando al inmediato restablecimiento del servicio de justicia, dejando sin efecto la feria judicial ya que se afecta el derecho constitucional de acceso a la justicia, como también la garantía a la tutela judicial efectiva, comprometiendo la responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales, pues paraliza los procesos judiciales e impide que los mismos puedan concluir en un tiempo razonable, lo que se agrava cuando están en juego los derechos fundamentales de personas en estado de vulnerabilidad.
 
Fuente: Noticias PMY