10 - febrero - 2020

Chubut: Los Magistrados iniciarán una acción judicial para saber los gastos y los ingresos del Estado

La Asociación de Magistrados y Funcionarios aprobó por amplia mayoría iniciar una acción judicial para obtener la información pública sobre los ingresos y egresos del Estado Provincial, con la designación judicial de un veedor. Se decidió en la asamblea extraordinaria del viernes en su sede de Trelew.

También se aprobó solicitar al Superior Tribunal de Justicia la suspensión de términos los días en los que el Sindicato de Trabajadores Judiciales dispone paro. Y que determine las guardias mínimas para cada organismo. Se le pedirá al STJ que defina qué es “el servicio mínimo de justicia y la urgencia en los distintos fueros”.

Otra propuesta aprobada fue la posibilidad de que magistrados y funcionarios del Poder Judicial “lleven adelante medidas que no impliquen la privación del servicio de justicia, ante el incumplimiento del pago de los salarios en tiempo y forma”.

Además se discutió la Ley Chaco. “Se aprobó por amplia mayoría que la Asociación impulse la aprobación de la Ley que habilite al Superior a utilizar los fondos propios para el pago de salarios en la medida que no ponga en riesgo la obra de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia”. Debe contener un mecanismo que garantice la devolución antes del último día hábil del mes en que se utilizan los fondos.

Sobre el pedido de la suspensión de términos los días de paro de actividades de los empleados, “el STJ adelantó que se dictaría una Acordada que regularía tales planteos”. Esa Acordada debe definir la cantidad de personas que deben integrar una guardia mínima y el significado del “servicio mínimo” y qué debe entenderse en cada fuero como causas urgentes y no urgentes.

Según el comunicado de prensa, la Asociación pidió al Superior cambiar “los métodos de comunicación con los demás poderes” ya que hasta ahora “no logró los objetivos buscados, toda vez que presenciamos un agravamiento de la crisis”.

“La improvisada y desordenada forma en que el Poder Ejecutivo paga los salarios constituye una clara afectación al derecho de propiedad y de los derechos alimentarios más básicos”, advirtieron. El presidente del STJ, Mario Vivas “manifestó que no advertía que modificando los métodos comunicacionales con los otros Poderes iba lograr que apareciera el dinero; respondimos que el STJ debe utilizar y no resignar sus propias facultades”.

Además “teníamos conocimiento de la existencia de fondos de la Tasa de Justicia que superan ampliamente una masa salarial mensual de todo el Poder Judicial”. Según la Asociación “es una solución extraordinaria”. La pérdida de ingresos por intereses bancarios “estaba claramente justificada con el objetivo de la ley de garantizar un eficaz servicio de Justicia”. El administrador general del STJ, Héctor Capraro, refirió que la ley de Chaco “era inviable”.

En la reunión con el gobernador Mariano Arcioni, Vivas “insistió con el enérgico reclamo” por los sueldos. En tanto, el gremio “reclamó una Ley Tributaria que imponga mayores impuestos a los grandes capitales”. El mandatario y el ministro de Economía, Oscar Antonena, explicaron el déficit financiero, la baja en la recaudación y en la coparticipación por por la baja del valor del barril de petróleo de 69 a 53 dólares.

“Señaló que su objetivo principal es reperfilar la deuda externa. Hizo referencia a los proyectos del Plan de Ajuste enviados a la Legislatura, mencionando que muchos ya fueron retirados por no haber encontrado consenso y que otros serán debatidos”. El gobernador “manifestó que cumple con sus promesas, que no ha despedido a ningún empleado del Estado, porque es una medida que no se puede adoptar teniendo en cuenta el alto nivel de desempleo y que puede que cumpla tarde con los aumentos prometidos mediante cláusula gatillo, pero que en la medida que va obteniendo los recursos va pagando”.

Desde la Asociación “hicimos hincapié en la pérdida de credibilidad del gobierno y le ejemplificamos situaciones pasadas, que generan gran malestar ciudadano y mayor incertidumbre. Señalamos que en el plan de ajuste enviado no se hacía referencia a cuánto dinero se pretendía recaudar ni cuanto impactaría en la economía”.

“Hicimos saber que el Poder Ejecutivo debía ser consciente del malestar social y de la poca tolerancia que la sociedad tiene para enfrentar un año 2020 similar a 2019 en términos de conflictividad social”.

Advirtieron que el Poder Ejecutivo “anuncia un congelamiento de ingresos de empleados al Estado y que luego no se cumple, toda vez que durante 2020 se han nombrado cargos y también que es necesario un control de las personas que están cobrando sueldo del Estado y que no trabajan”.

La respuesta de Arcioni “fue que los nombramientos se correspondían a cargos vacantes y que en muchos casos era la continuidad de mandatos que se renovaban pero que ya venían trabajando. Y que podría existir alguna persona que cobrara y no trabajara pero que no era la generalidad”.