La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, concesionarias en el AMBA, comenzará a tratarse el martes en audiencia pública con la premisa ya manifiesta por parte del Gobierno nacional de reconocer incrementos que preserven el poder adquisitivo de los hogares, es decir, lejos de las pretensiones de recomposición que presentaron las compañías.

La nueva instancia de participación convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se desarrollará el martes a partir de las 8 y de manera virtual, mientras que el lunes se realizarán las audiencias por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, lo que alcanza a las empresas Transener, Transba, Districuyo, Transnea, Transnoa, Transpa, Transco y Epen.

El ENRE viene llevando a cabo un proceso de renegociación en virtud de las conclusiones a las que arribó en la auditoria técnica, jurídica y económica, de la cual concluyó que «la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable ni prudente en su diseño y aplicación».

De acuerdo con esa auditoria, los cuadros tarifarios adoptados durante la gestión Cambiemos no sólo implicó «un aumento irracional de la factura», pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales», sino que si hoy se continuara con ese esquema a partir del 1 de abril se debería disponer un aumento del 168% en las facturas.

En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario.

Con las audiencias de lunes y martes se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de los servicios de electricidad y de gas por redes.

En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.

Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021.

En el caso de Edesur el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones.

Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%.

Interventora del ENRE, Soledad Manin.

«Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios», afirmó en la semana la interventora del ENRE, Soledad Manin, en una entrevista con Télam en la que aseveró que «no se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si se está hablando de estos montos».

En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario y durante el cual se mantuvo vigente la RTI de 2016, y las deudas que a su vez las mismas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) por el suministro eléctrico no abonado en una virtual compensación por la falta de ajuste tarifario.

El debate agrega los niveles de calidad que el ENRE requerirá a las distribuidoras y el sendero de reducción de cantidad y duración de cortes, dos valores que se utilizan como referencia para valorar la prestación del servicio, lo que se vincula con las inversiones en infraestructura de red comprometidos como parte de la RTI.

En ese sentido, Manin también anticipó que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será «semestral», en función del «análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones» de las compañías, y destacó la importancia de que el Estado recupere «su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica», al reconocer que el sector público podría hacerse cargo de algunas obras fundamentales del sistema.

«El Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta, sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios»

FEDERICO BASUALDO RICHARDS, SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD

De la misma manera, el subsecretario de Electricidad, Federico Basualdo Richards, definió en la semana que «el Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta (de las empresas) sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios».

A la definición del nivel de incremento tarifario a decidir, también se sumará el análisis de incorporar al sector de la distribución eléctrica un margen de subsidios que permita acotar los incrementos que deberán hacer frente los usuarios.

Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final, el Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del Vad de Edenor y un 55% del de Edesur.

En las próximas horas, el bloque del PJ-Frente de Todos estará presentando un proyecto de Ley en la Legislatura que fue trabajado por más de un año por los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, y consensuado con todos los intendentes de la zona cordillerana. la propuesta busca poner en marcha después de 40 años el histórico reclamo de una Renta Hídrica para la región a partir de las ganancias que genera la producción hidroeléctrica de la presa Futaleufú, y de redefinir el contrato de concesión, para que las localidades de la región accedan a una tarifa de energía mucho más económica.

El tema ya fue abordado en varios encuentros con autoridades nacionales y provinciales, y la redacción fue pulida por los diputados en conjunto con los intendentes, con el aporte del ex ministro de Economía de la provincia, Ricardo Bestene. El planteo de los autores es que se debe construir un nuevo paradigma hidroenergético, para lo cual se requiere primero, una ley provincial que elabore un marco regulatorio de la cuenca hídrica del rio Futaleufú; y segundo, un nuevo acuerdo que involucre a las partes interesadas en la generación hidroeléctrica, que son los municipios de la cuenca del río Futaleufú (Esquel, Trevelin y Cholila), la Provincia del Chubut y la Nación Argentina.

Según explicaron a ADNSUR, ese nuevo modelo incluye a la empresa Aluar S.A., en la medida que ésta “exprese su voluntad de prórroga del contrato de concesión y con un esquema de compensación económica para la región cordillerana”. Lo que pretenden es un nuevo acuerdo entre la Nación y Chubut que, a diferencia del suscripto en abril de 1993, incluya a la región cordillerana de Chubut y deje de excluirla en los beneficios económicos y sociales.

La propuesta consiste en una ley provincial que crea un marco regulatorio para la generación de la energía de Futaleufú, que es el basamento de la opinión de la región cordillerana y de la Provincia del Chubut en las gestiones ante la Nación. Cuenta con aval de un importante número de intendentes, entre ellos, el comodorense Juan Pablo Luque.

El juez Jorge Criado analizó los fundamentos del pedido y aunque los halló débiles en relación al pedido, decidió avalar el dictamen fiscal para de este modo, “actuar de manera colaborativa entre los diversos fueros, propendiendo al avance de las investigaciones de manera ordenada y evitando dispendios jurisdiccionales y especialmente teniendo presente… que el Ministerio Público Fiscal es el titular del ejercicio de la acción pública, y conforme a la ley dirige la investigación, disponiendo en definitiva el cese o la continuación de la persecución penal -bajo el debido’ control judicial-, es que resulta relevante su opinión en el caso”.

El Juez Federal local, Dr. Guido S. Otranto requirió la inhibitoria del Colegio de Jueces Penales de seguir interviniendo en la causa que instruye el Ministerio Público Fiscal de la Comarca a partir de los sucesos del 13 de marzo de 2021 durante la visita presidencial a Lago Puelo. El pedido concreto estuvo dirigido a que los jueces provinciales declinen la competencia a favor del Juzgado a su cargo.

Díaz Mayer dictaminó el 19 de marzo, parcialmente en favor del pedido del Federal, separando los sucesos que afectaron un móvil perteneciente a una repartición federal y al primer mandatario nacional, del daño que afectó otro vehículo de la Provincia del Chubut. Señaló el fiscal que se han investigado los episodios que podrían ser calificados como atentado a la autoridad y daños del vehículo Mercedes Benz modelo Sprinter, en el que se desplazaba el primer mandatario nacional y la comitiva, y que se produjeron en la puerta del Centro Cultural en Lago Puelo. Pero aclaró que en el mismo Legajo Fiscal se investiga también el daño, que fue causado al rodado Renault Duster color gris, siendo un móvil no identificable de la policía de la provincia de Chubut, que se encontraba en las inmediaciones de la zona del teatro de los sucesos ya narrados. Criado cita del dictamen fiscal las medidas autorizadas jurisdiccionalmente en el proceso de investigación, para recolectar la mayor cantidad de elementos o indicios probatorios que permitiesen avanzar en la investigación, que se logró el secuestro de prendas de vestir y aparatos de telefonía celular que tenían en su poder los sindicados como participes de las conductas investigadas, y que hasta la fecha son un total de once personas mayores de edad y a una menor de edad, las identificadas. Consideró adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como damnificado y/ o víctima a la figura del Presidente de la Nación y el rodado en el que se desplazaba (identificado con el logo «Parques Nacionales») la prosiga el fuero federal en un solo cuerpo de investigación junto con lo que se haya actuado en la Fiscalía Federal. Por el contrario requirió que se mantenga la competencia por el delito de daño provocado al rodado policial provincial.

El pedido de la Justicia Federal dice conocer las pesquisas realizadas por la prevención provincial, con la debida autorización jurisdiccional, que arrojó como resultado la identificación de varios de los intervinientes en el evento ilícito, todo con la participación del Fiscal Díaz Mayer. Indica además que el vehículo que se dañó como consecuencia de las piedras que se arrojaron, es una camioneta que pertenece a Parques Nacionales, y que en ella se trasladaba el Presidente de la Nación junto a su comitiva, y que solo ello infiere que sea el fuero federal el que deba investigar lo sucedido.

Criado consideró que en esencia el Juez requirente no justificó la excepcionalidad de su pretendía intervención, no acompañó ninguna constancia ni referencia de que los hechos investigados por el fuero Federal fueran los mismos que los investigados por la justicia penal ordinaria. Añadió que tampoco se hizo referencia en el requerimiento a que la Fiscalía Federal haya actuado realizando medidas de investigación, cuales habrían sido y sus resultados, dado que aun refiriendo el Juez que adhería a los fundamentos del Fiscal Subrogante, no se adjuntó el dictamen donde esos fundamentos habrían sido volcados.

Continúa Criado indicando que las conductas investigadas por la fiscalía de la Comarca, se fueron calificadas provisoriamente como atentado a la autoridad y daño (2 hechos). “La competencia, hasta aquí, resulta de la justicia ordinaria y en los tipos descriptos no se advierte que el haberse usado intimidación o fuerza contra un funcionario público que resultó el Presidente de la Nación, o la circunstancia de que la intención de causar daños en el rodado en el que se trasladaba el presidente -aun siendo de Parques Nacionales- haya sido la de impedir el libre ejercicio de la autoridad (si así pudiera entenderse la actividad presidencial del día 13 de marzo de 2021)”, señaló.

Continuó su análisis el juez indicando que por el solo hecho que se trate del Presidente de la Nación el funcionario público sujeto pasivo de la conducta delictual de atentado a la autoridad, o que el rodado dañado sea de Parques Nacionales, no excitan automáticamente la competencia federal. Ambos fueros tienen competencia territorial, pero podría sí tenerse en cuenta para hacer lugar a la declinatoria planteada que la duplicación de investigaciones podría entorpecer el resultado de ambas, y ello entiendo que indica el Fiscal local al considerar adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como al Presidente de la Nación, a la vez que se investiga los daños sufridos por el rodado en el que se desplazaba el primer mandatario nacional, la prosiga el fuero federal en un «solo cuerpo de investigación».

Por estos fundamentos, el magistrado concluye que habiendo dejado sentado la clara intención de actuar de manera colaborativa entre los diversos fueros, propendiendo al avance de las investigaciones de manera ordenada y evitando dispendios jurisdiccionales y especialmente teniendo presente… que el Ministerio Público Fiscal es el titular del ejercicio de la acción pública, y conforme a la ley dirige la investigación, disponiendo en definitiva el cese o la continuación de la persecución penal -bajo el debido control judicial-, es que resulta relevante su opinión en el caso. Conforme su encomienda legal y constitucional, el Ministerio Público Fiscal dictamina sobre la competencia, y acompañaré su requerimiento de hacer lugar en forma parcial a la inhibitoria de competencia en trámite, y disponer por ello la declinatoria de competencia en favor del fuero federal.

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a sus pares del Mercosur a «redoblar esfuerzos y profundizar la voluntad de caminar juntos», al cumplirse hoy 30 años de la creación del bloque, y pidió «no erosionar las estructuras productivas» de los países miembro.

«Nuestros pueblos lo merecen; vamos por muchos años más de Mercosur. No es tiempo de individualidades, nadie se salva solo, como dice el Papa Francisco», dijo el mandatario al abrir desde el Museo del Bicentenario el encuentro, que se realiza en forma virtual por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y la llegada de la segunda ola a la región.

En ese marco, Fernández dijo que la Argentina llevará a la reunión de cancilleres del Mercosur del próximo 22 de abril la propuesta de que el arancel externo común «se base en preservar el equilibrio entre los sectores agroindustriales e industriales, y corregir las inconsistencias».

«No debemos erosionar las estructuras productivas de nuestros países», dijo el Presidente.

«No debemos erosionar las estructuras productivas de nuestros países. Aspiramos a alcanzar consenso con nuestros socios; aunque pensemos diferente, debe primar la voluntad de integrarnos», dijo el mandatario argentino en su discurso, acompañado por el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Asimismo, sostuvo que con el Mercosur los países integrantes «han dado forma a un verdadero hito para América Latina» y destacó «los consensos muy importantes» logrados en estos primeros 30 años.

«La inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra»

En su discurso inaugural, Fernández propuso la creación de un observatorio para la calidad de la democracia en la región, otro referido a la violencia de género y un tercero referido al cambio climático.

Fernández destacó «los consensos muy importantes» logrados en estos primeros 30 años.

Además, destacó el crecimiento del comercio en el Mercosur «tanto en volumen, como en calidad y valor agregado», y remarcó que «no es un bloque cerrado de comercio exterior sino una plataforma para que nuestros países se proyecten al resto del mundo».

«El Mercosur dejó atrás la lógica de la rivalidad para pasar a la lógica de la cooperación»

«La inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra»,aseveró el presidente argentino.

Finalmente, sostuvo que la conformación del Mercosur hace 30 años «dejó atrás la lógica de la rivalidad para pasar a la lógica de la cooperación» y sostuvo que el bloque «favoreció la consolidación de las instituciones democráticas de la región».

«Sentó las bases para dejar atrás el peligro de las dictaduras y entramos a un proceso de integración de importancia para construir confianza mutua», concluyó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que «claramente se puede retroceder» hacia medidas más restrictivas frente al combate del coronavirus, por que la «gestión es dinámica», como es el caso de la suspensión de vuelos desde México, Brasil y Chile, que comenzará a regir el sábado.

«Claramente se puede retroceder porque la gestión de la pandemia es dinámica y lo que marca el ritmo de las medidas que se van tomando es el virus y la propagación. Nosotros logramos durante el año pasado hasta este año reactivar actividades conviviendo con el virus», dijo Cafiero a radio La Red.

En paralelo, explicó que, con la pandemia, desde hace un año «aprendimos a vincularnos con el virus, con barbijo, con distancia, al aire libre, y aprendimos a hacer deporte y a recuperar la presencialidad en las escuelas».

«El virus todavía está ahí, lo que tenemos que hacer es seguir cuidando este recorrido. El modo de cuidarlo es extremando las medidas de cuidado personal que se transforman en medidas de cuidado colectivo», advirtió.

«Son muy promisorios los estudios de todas las vacunas que serían adecuadas para combatir todas las mutaciones así que lo que teníamos que hacer es seguir acentuando las medidas»

Cafiero recordó que el Gobierno venía «con una tarea también desde enero de empezar a cada vez más restringir vuelos al extranjero porque se había descubierto las mutaciones de todos los virus, la cepa británica y luego la cepa africana».

En ese aspecto, aclaró que «son muy promisorios los estudios de todas las vacunas que serían adecuadas para combatir todas las mutaciones así que lo que teníamos que hacer es seguir acentuando las medidas».

Acerca de la suspensión de vuelos desde Brasil, Chile y México, apuntó que «estas medidas si bien ayer las acentuamos son medidas que Argentina viene tomando hace tiempo».

En esa dirección, recordó que el 24 de diciembre pasado el país «cerró sus fronteras y entonces solamente podían venir argentinos o residentes a nuestro país».

«Las fronteras de turismo se habían cerrado. Qué es lo que no pasó en los otros países que tenemos a nuestro alrededor; ellos tenían abierto el turismo extranjero y nosotros no»

«Las fronteras de turismo se habían cerrado. Qué es lo que no pasó en los otros países que tenemos a nuestro alrededor; ellos tenían abierto el turismo extranjero y nosotros no», subrayó.

Respecto de la suspensión de vuelos a esos tres países, reafirmó que «mañana entra en funcionamiento la medida» y aclaró: «Vi en un medio que pusieron que podías venir por tierra. No, no se puede venir por tierra, las fronteras terrestres están cerradas».

En tanto, Cafiero recordó que en la Argentina «se había erradicado el sarampión y y lamentablemente el Gobierno anterior (de Mauricio Macri) no continuó con esta política de vacunación masiva que había diseñado Carla (Vizzotti) y hubo un brote».

«Esa es la visión sobre la salud pública que tenemos nosotros y cuál era la otra visión», confrontó el jefe de Gabinete.

Al retomar el plan de vacunación masivo, detalló que «hemos llegado a (aplicar) 170 mil dosis diarias y ahora estamos en un promedio de 100 mil por día» y reiteró que el Gobierno firmó contratos por «65 millones de dosis, pero pasa en el mundo obviamente en Argentina también, esos plazos no se están cumpliendo y por eso la campaña está siendo m{as lenta de lo que nosotros queremos».

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aseguró este jueves que «es muy probable» que Mauricio Macri «empiece a ser citado» por la Justicia en algunas de las causas en las que se lo investiga aunque dijo que no le interesa que el expresidente «vaya preso ahora» sino «después de una condena».

Tras enumerar las causas en las que se investiga la responsabilidad del expresidente, Tailhade dijo que no le interesa que Macri «vaya preso ahora» sino «después de una condena» y agregó: «Me interesa que se investigue su responsabilidad y se recuperen los prejuicios que se le hizo al Estado».

«Eventualmente, cuando sea condenado que vaya preso. Sería victimizarlo que vaya preso ahora», aseveró en declaraciones a la radio El Destape.

Ante una consulta sobre la situación judicial del expresidente, el titular de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados consideró que «es muy probable que (Macri) empiece a ser citado en dos o tres causas» porque, dijo, «hay elementos de sobra para que eso ocurra».

Entre las causas que mencionó en las que se investiga la responsabilidad del expresidente, Tailhade adelantó que tiene «mucha evidencia para poner en conocimiento de la gente de que un empresario de nombre Federico Machado, alias Fred Machado, radicado en Estados Unidos, que se dedica al negocio del leasing de aviones, tiene vinculación con algunos socios de Macri».

Tialhade recordó además que en junio de 2019 denunció a Macri «por el acuerdo fraudulento de us$ 750 millones con las empresas de peajes, el aumento de tarifas y la prórroga por 10 años de la concesión, que disparó el precio de las acciones que Macri tenía. Hay exministros indagados».