El día 23 de marzo de 2021, en el marco del mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se realizó una Jornada destinada a autoridades uruguayas, en la que el Poder Judicial de la Provincia de Chubut, expuso el “Primer informe de impacto del Programa de Capacitación en Género –POG-“.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aseguró este jueves que «es muy probable» que Mauricio Macri «empiece a ser citado» por la Justicia en algunas de las causas en las que se lo investiga aunque dijo que no le interesa que el expresidente «vaya preso ahora» sino «después de una condena».
Tras enumerar las causas en las que se investiga la responsabilidad del expresidente, Tailhade dijo que no le interesa que Macri «vaya preso ahora» sino «después de una condena» y agregó: «Me interesa que se investigue su responsabilidad y se recuperen los prejuicios que se le hizo al Estado».
«Eventualmente, cuando sea condenado que vaya preso. Sería victimizarlo que vaya preso ahora», aseveró en declaraciones a la radio El Destape.
Ante una consulta sobre la situación judicial del expresidente, el titular de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados consideró que «es muy probable que (Macri) empiece a ser citado en dos o tres causas» porque, dijo, «hay elementos de sobra para que eso ocurra».
Entre las causas que mencionó en las que se investiga la responsabilidad del expresidente, Tailhade adelantó que tiene «mucha evidencia para poner en conocimiento de la gente de que un empresario de nombre Federico Machado, alias Fred Machado, radicado en Estados Unidos, que se dedica al negocio del leasing de aviones, tiene vinculación con algunos socios de Macri».
Tialhade recordó además que en junio de 2019 denunció a Macri «por el acuerdo fraudulento de us$ 750 millones con las empresas de peajes, el aumento de tarifas y la prórroga por 10 años de la concesión, que disparó el precio de las acciones que Macri tenía. Hay exministros indagados».
La Sala lll de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves un recurso extraordinario presentado por el exministro de Planificación Federal Julio De Vido para que la Corte Suprema de Justicia revise la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 4 en la causa que investiga la tragedia de Once.
La sala, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, resolvió «no hacer lugar» al recurso extraordinario interpuesto por De Vido, «ni al deducido por el señor Fiscal General Raúl Omar Pleé», quien solicitó que la pena dictada contra el exfuncionario se agrave al sumar el delito de estrago culposo.
De esta forma, la Sala lll, rechazó la posibilidad de que la Corte revise la condena de 5 años y 8 meses que pesa sobre De Vido por administración fraudulenta.
En diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 5 años y 8 meses de prisión impuesta al exministro de Planificación, en el marco de una causa vinculada a la tragedia de Once y a la falta de mantenimiento del material ferroviario, en la que se lo consideró responsable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
En diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 5 años y 8 meses de prisión a De Vido.
En el fallo conocido este jueves, la Cámara entendió que el recurso presentado por De Vido «carece de la debida fundamentación autónoma exigida por el artículo 15 de la ley 48 y la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el particular».
Y asegura que «si bien es de competencia exclusiva de nuestro más Alto Tribunal juzgar sobre la existencia o no de arbitrariedad, corresponde a los demás órganos judiciales resolver si la apelación federal prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de carácter excepcional».
También sostiene que la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal «no puede prosperar» debido a que «la decisión en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa, debiéndose puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad, por su carácter excepcional, no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas según la mera apreciación de los recurrentes».
El fallo añade que la sala en cuestión «ha explicado de manera razonada y coherente los motivos por los cuales se confirmó la absolución de De Vido por el suceso nro. 2; motivo por el cual, el mero criterio discrepante de la parte sobre el particular, no implica el debido planteamiento de una cuestión federal suficiente que amerite la intervención del Alto Tribunal».
Del mismo modo, consideraron que la «invocación de gravedad institucional» carece de «fundamento».
En este sentido, el juez Hornos sostuvo que «que el recurso extraordinario federal traído a consideración del Tribunal por la defensa particular de Julio Miguel De Vido para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado» y que si bien se dirige «contra una sentencia definitiva emanada por el Tribunal superior de la causa», el mismo exige «que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal» lo que «no ocurre», estima el fallo.
De la misma forma suma que «los agravios planteados por la defensa se sustentan en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado por este Tribunal, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca».
«Los fundamentos del fallo impugnado no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por vía de la excepcional doctrina de la arbitrariedad el acceso a los estrados de la Corte Suprema, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido», añade el escrito.
Para la Cámara, «no basta con echar mano de esta doctrina para que prospere la impugnación que se pretende, sino que es menester exponer y fundamentar los errores que se le atribuyen al fallo atacado, refutando cada uno de los razonamientos que le sirvieron de sostén».
El Gobierno de Jujuy convocó a elecciones provinciales para el próximo 27 de junio, en las que se renovará la mitad de diputados en la Legislatura local, y además se renovará parcialmente los Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales.
«Dentro de sus facultades, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de llamar a comicios para elegir diputados provinciales, concejales y vocales de comisiones municipales el 27 de junio», informó el ministro jujeño de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi.
De esta manera, Jujuy se suma a las provincias de Misiones y Salta que también adelantaron sus comicios para el 6 de junio y el 4 de julio, respectivamente.
La Legislatura de Jujuy se conforma por 48 diputados y se renovarán 24 bancas, al igual que en los Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales que cambiarán a la mitad de sus representantes.
“El decreto de convocatoria es respetando el Código Electoral provincial que establece que noventa días antes de la elección se debe hacer el anuncio”, explicó Perassi.
De esta manera, cada sector político definirá la postulación de sus candidatos, aunque se agota las posibilidades de dirimir esas resoluciones a través de elecciones internas en los diferentes espacios.
Consultado por la emergencia sanitaria por coronavirus, Perassi dijo que se “resolvió reducir la cantidad de electores por mesa, motivo por el cual se adoptarán los recaudos para ampliar el número de establecimientos educativos para habilitarlos como centros de votación”.
En ese sentido, afirmó que ello “permitirá evitar amontonamientos y así mantener el distanciamiento social», por lo que se buscará que “los ciudadanos puedan concurrir a emitir su sufragio en condiciones de bioseguridad adecuadas».
El decreto firmado por el gobernador Gerardo Morales se remitirá al Tribunal Electoral de la provincia, organismo que será “la autoridad de todo el proceso comicial», sostuvo Perassi.
La agenda que el presidente Alberto Fernández tenía previsto desarrollar este jueves en Morón quedó suspendida debido a las fuertes tormentas que se registran en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, informaron fuentes oficiales.
«Las fuertes tormentas que afectan al AMBA desde anoche impedirán que hoy el mandatario concrete su visita, la que será reprogramada», añadieron los voceros.
El Presidente tenía previsto encabezar la firma de un convenio para la construcción del Instituto Universitario Municipal en Morón, con financiamiento del Gobierno nacional.
Fernández iba a recorrer el lugar a partir de las 11.30 junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi, para luego presidir la firma del acuerdo.
Luego de la rúbrica del convenio, el jefe de Estado tenía previsto visitar un vacunatorio del municipio.
El canciller Felipe Solá aseguró este jueves que la decisión del Gobierno argentino de abandonar el Grupo de Lima fue “formalizar algo que venía ocurriendo desde diciembre de 2019”, y dijo que “no hay ningún cambio» en la «posición internacional» de la Argentina «ni respecto de Venezuela ni de Estados Unidos”.
Solá, al hablar con El Destape Radio, recordó esta mañana que “no veníamos firmando ninguna declaración de ellos (en alusión al Grupo de Lima) y fue formalizar algo que venía ocurriendo”.
El titular del Palacio San Martín también indicó que “se nos consultó a través de la embajada en Washington y se les dijo (al Gobierno de Estados Unidos) que pertenecemos al Grupo de Contacto de la Unión Europea, y ese cambio lo hicimos hace mucho; ahora lo único que hicimos fue formalizar esa salida”.
“El Grupo de Contacto -consideró Solá- se plantea debatir el no avance de ningún tipo en relación a Venezuela, cosa que no ocurría con el Grupo de Lima”.
Este miércoles, el Gobierno argentino formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que «no han conducido a nada» las acciones que impulsó ese bloque en el plano internacional «buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes».
“El Grupo de Lima tiene un nivel de dogmatismo mucho mayor (en relación a Venezuela) y nosotros nos sentimos más cerca del debate que se da en el Grupo de Contacto”
«En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada», señaló un texto de la Cancillería difundido ayer,.
En tanto, Solá indicó este jueves que “el no avance no es sólo responsabilidad del Grupo de Contacto o de los que tienen interés en que el pueblo venezolano tenga una situación democrática más sólida, son que también es responsabilidad del Gobierno de Venezuela”.
“En el Grupo de Contacto hay un debate sobre cuáles son las mejores metodologías para alcanzar esto, mientras que el Grupo de Lima tiene un nivel de dogmatismo mucho mayor y nosotros nos sentimos más cerca del debate que se da en el Grupo de Contacto”, resumió Solá.
Ante una consulta, el canciller aclaró que “no hemos recibido ningún pedido de Estados Unidos en el sentido de que esto implique cambios en la negociación con el Fondo Monetario Internacional”.
“Le hemos comunicado al Departamento de Estado que no había cambios en nuestra relación con Venezuela ni con Estados Unidos, se lo comunicamos claramente”, manifestó.
Asimismo el ministro recordó que la Argentina votó “contra Venezuela por la situación de los derechos humanos en octubre en Ginebra, porque teníamos el informe elaborado por (Michelle) Bachelet y apoyamos lo que hace Bachelet”.
El Gobierno argentino formalizó este miércoles su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que «no han conducido a nada» las acciones que impulsó ese bloque en el plano internacional «buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes».
Así lo informó la Cancillería, que conduce Felipe Solá, a través de un comunicado de prensa difundido en la tarde del miércoles.
«En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada», comienza el texto oficial.
A continuación, indica que «la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar».
El Grupo de Lima, en el que el gobierno de Mauricio Macri había tenido amplia participación, se estableció tras la denominada Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 en el que representantes de 14 países americanos suscribieron el primero de varios documento criticando la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
«La participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar».
«Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional», señala el comunicado del Palacio San Martín.
Con el mismo énfasis, afirma que las autoridades venezolanas no pueden desconocer «que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad».
«Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones», destaca el comunicado.
La Argentina sostiene además que, en «un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables».
Las sanciones, según entiende la Cancillería, «han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos».
«Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado», concluye el comunicado oficial.
El presidente Alberto Fernández mantendrá este miércoles una videoconferencia con el titular del Banco Mundial, David Malpass.
La comunicación, de la que también participarán el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, tendrá lugar a las 15, según consignó Presidencia.
Esta semana, el Banco Mundial ratificó la decisión de desembolsar créditos por US$ 2.000 millones este año para el desarrollo de obras de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático en la Argentina.
El compromiso respecto a los préstamos fue explicitado durante una reunión que mantuvo en Washington Guzmán con el director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.
La empresa Sasetru era a mediados de los años ’70 la principal productora de alimentos de Argentina con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina, pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según denuncia uno de sus últimos directivos.
«Fue el mayor un genocidio laboral y económico que se cometió contra una empresa. Lo hicieron porque Sasetru era una empresa que molestaba por su desarrollo. Pagábamos 15 sueldos por año y construíamos viviendas para nuestros trabajadores. Tenían que sacarla del medio para hacer otro modelo de país», indicó en diálogo con Télam Jorge Salimei, quien luego de 40 años busca la forma de que esta empresa vuelva a producir.
La firma se fundó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga
Las actividades de esta firma se iniciaron en el molino harinero de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, y con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.
«Se trataba de un escollo para el modelo de valorización financiera diseñado por (José Alfredo) Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura militar. Éramos un mal ejemplo», remarcó Salimei.
En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el Gobierno de Isabel Perón, Salimei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años junto con sus otros dos socios.
A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
«Era mandarlos a la muerte. No lo podíamos hacer. Seitún habló con un coronel y le dijo que no hacía falta, que gente en la empresa no causaba problemas. Fue entonces cuando llamó (Guillermo) Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, y le advirtió que ‘si un solo trabajador causaba problemas, los íbamos a ir a buscar a ustedes’. Con esa presión arrancamos», recordó Salimei.
Sasetru estaba formada por una decena de fábricas, tenía más de diez mil empleados y exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país
El modelo de valorización financiera impuesto por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz que aumentó de forma exponencial la tasa de interés tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.
Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La Tablita», para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina.
Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador, y tuvo un efecto demoledor para Sasetru.
Con una deuda creciente, la empresa entró en convocatoria, y desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de Sasetru.
Sin embargo, el verdadero objetivo era despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el Banco Internacional, que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al gobierno que no fueron cancelados.
El Banco Central y el Banco Provincia negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of América, en una operación por la cual Sasetru no percibió nada.
«La operación se concretó en marzo de 1981, días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central. El banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no nos quedó ni un peso», subrayó Salimei.
Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia. No obstante, la empresa cesó sus actividades
En 2013, Salimei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6 y en la que interviene la fiscal Paloma Ochoa.
«Queremos que esa causa avance y que se determine la verdad. Lo de Sasetru fue parte de un delito económico de lesa humanidad cometido para establecer un modelo de país», señala Salimei.
Hoy, junto con otros extrabajadores de la empresa, Salimei impulsa la reapertura de la Sasetru Alimentos Argentinos para formar una empresa que produzca a bajo costo y genere puestos de trabajo, que cuenta con el aval del partido de Avellaneda y la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
«Es un proyecto que se demoró un poco por la pandemia. Queremos volver a la unión del capital y el trabajo para producir alimentos para todos los argentinos», puntualizó.
La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución varias causas de lesa humanidad, consideradas relevantes por el movimiento de derechos humanos y que, en algunos casos, esperan desde hace años una definición.
La más desconcertante de estas demoras tiene que ver con el recurso presentado en el alto tribunal contra el fallo de Casación que dispuso la falta de mérito de Carlos Pedro Blaquier por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976 en el ingenio azucarero Ledesma, de su propiedad.
Si bien el procesamiento de Blaquier había sido confirmado en cámara por la justicia salteña en 2013, la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, revocó la decisión y para ello se tomó dos años: el fallo se firmó en marzo de 2015.
Desde esa fecha, es decir hace seis años, la Corte tiene el recurso pendiente y en los organismos suponen que los magistrados no quieren pagar el costo público de rechazarlo, mientras tanto el tiempo corre a favor de los imputados.
También pendiente de definición está el recurso ante la Corte presentado en 2017 por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, y por el Ministerio Público Fiscal, contra el sobreseimiento del juez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti.
El magistrado fue quien entregó en una adopción sumamente irregular al nieto recuperado Manuel Gonçalvez Granada, sobreviviente de la «Masacre de San Nicolás», en la que su madre, Ana María Granada, lo protegió con almohadas en un placar del ataque con gas lacrimógeno y ametralladoras del Ejército Argentino, la policía federal y la bonaerense.
En ese funesto 19 de noviembre de 1976, Ana María Granada y otros dos adultos murieron por los disparos policiales; los chicos de la casa, Fernando y María Eugenia, fallecieron asfixiados por los gases; Manuel, de cinco meses, fue el único sobreviviente y el juez Marchetti lo entregó en adopción, bajo un nombre falso, tres meses después del episodio.
Están pendientes del mismo modo varias sentencias de la Causa Campo de Mayo y los recursos vinculados a la «Masacre de Capilla del Rosario», en la que Casación revocó las condenas y absolvió a los imputados.
La masacre de Capilla del Rosario se refiere a la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Catamarca, a manos del Ejército Argentino, en agosto de 1974.
Los organismos que intervinieron en el proceso cuestionaron el fallo de Casación por lo regresivo en los estándares de prueba y mantienen expectativa por la resolución, ya que no existen antecedentes de condenas de la Corte en episodios previos al golpe de Estado de 1976.
Otra causa emblemática que aguarda una sentencia definitiva del máximo tribunal es la del secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un joven que a los 15 años se convirtió en la víctima más joven de los «vuelos de la muerte».
Los restos de Floreal, hijo de militantes comunistas, fueron hallados en las costas de Uruguay, con signos de empalamiento, y por en esa causa están condenados los exmilitares Raúl Horacio Harsich y César Amareo Fragni.
Ambos fueron condenados a una pena de ocho años en 2009, que se apeló y se elevó tres años después a doce años; pero que la defensa de los imputados recurrió.
La causa llegó a la Corte el 24 de junio de 2013 y todavía permanece allí, a la espera de una sentencia firme, y mientras tanto los condenados se mantienen en libertad, resguardados por la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.
Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo demandó a la Corte la «puesta en funcionamiento» de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.
La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre de 2020, en una sesión con pocos miembros ya que la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla «oportunista».
Tampoco participó Estela de Carlotto, quien en esa oportunidad reprochó que la reunión hubiese sido pedida en mayo y que recién fue convocada para octubre.
Además, la titular de Abuelas atribuyó al contexto que se organizara la reunión de la Comisión Interpoderes en ese momento dado que, planteó por entonces, «la Corte está tan cuestionada».
«No queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de (Carlos) Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos», fueron las palabras de Carlotto.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en doce causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, reafirmando que estas investigaciones constituye para el Gobierno «una política de Estado».
Tanto el Estado, como los organismos de derechos humanos y también los imputados interesados en definir su situación legal, reclaman que la Corte defina la resolución más de medio centenar de causas de crímenes de lesa humanidad.