9 - noviembre - 2017

Caso Maldonado: piden apartar a la fiscal por cómo investiga a la Gendarmería

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigió que la fiscal federal Silvina Avila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses en sus labores como funcionaria. Esto podría afectar la imparcialidad que requiere su desempeño, alegan. La fiscal actúa tanto en la causa por el bloqueo de la ruta 40, iniciado el 31 de julio y que continuó en la mañana del 1 de agosto, y también en la de «Desaparición Forzada», donde se investigan los hechos que desembocaron en la muerte del artesano. La APDH apunta a que una misma fiscal no puede participar de ambos procesos.

“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó que la Sra. agente fiscal Dra. Silvina Alejandra Ávila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado (FC 8232/17) por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte”, arranca el documento.

“Actualmente, la Dra. Ávila reviste como agente fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen (NN S/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS – Art. 194) y, al mismo tiempo, interviene en la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado”, continúa.

“Mientras que en una de esas causas persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir, brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, concluye.

El pedido de desplazamiento llega con varios meses de demora–prácticamente desde el principio el juez federal Guido Otranto le delegó la causa por «Desaparición Forzada» que ahora está nuevamente en manos del juez federal Gustavo Lleral– y en coincidencia con las declaraciones que la fiscal federal hizo a la prensa de Esquel respecto de que podría haber un cambio de carátula en el futuro cercano dependiendo de los resultados de la autopsia.

Es sabido que la relación entre el juez federal Lleral y la fiscal Avila no es la mejor. El 17 de octubre, día en que encontraron el cuerpo en Cushamen, el magistrado no le permitió el ingreso a la funcionaria al predio quien se quejó a los gritos de su situación.

La semana pasada la fiscal le solicitó una serie de medidas de pruebas al juez, entre ellas, la solicitud de que sea identificado el Testigo E para su posterior interrogatorio. Esta persona, con resguardo de identidad, fue considerado un testimonio clavedentro de un documento elaborado por abogados que trabajaron para la APDH de Córdoba y que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Días antes el juez Lleral había negado la existencia del Testigo E aunque dejando abierta la posibilidad de que este hubiera dado su versión por fuera de la justicia federal.