24 - noviembre - 2017

Advierten por posibles retrocesos en la legislación sobre salud mental

En el marco del Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, propuesto por el Gobierno Nacional y que, según especialistas, sería la antesala a la vuelta de los “manicomios”, desde el Concejo Deliberante manifestaron una “profunda preocupación” por las implicancias que dicha legislación podría tener en el ámbito de la salud mental.
A través de una Comunicación elaborada por el edil Juan Duarte y que recibió el pleno apoyo de sus pares de otros bloques, se planteó que la medida “representa un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos y pretende un cambio de rumbo en las políticas de salud mental” y que “contradice el espíritu mismo de la Ley a la que pretende reglamentar”, fundamentando que “mientras la misma asume al padecimiento subjetivo como un proceso social multideterminado por factores históricos, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, el Proyecto de Reglamentación reinstala la mirada biomédica de la psiquiatría decimonónica al reducir la problemática a ‘trastornos mentales y del comportamiento’”.
La semana pasada, hubo en Puerto Madryn una manifestación en rechazo a la modificación de la legislación en el ámbito de la Salud Mental.

Especializados en psiquiatría

Por otra parte, el documento expresó que “tal ‘psiquiatrización’ habilita la exclusividad de prácticas biomédicas excluyendo los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento subjetivo, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, la enfermería, la psicología, el acompañamiento terapéutico, el trabajo social, y todos aquellos dispositivos comunitarios que trabajan haciendo énfasis en la construcción de lazos y la socialización; habilita también la reinstalación del manicomio a través de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’; el aislamiento pleno de las personas, quienes pierden el estatuto de sujetos de derecho para volver a ser ‘enfermos’, y objetos al cuidado del ‘arte médico’, el tratamiento en comunidades cerradas para personas con consumo problemático, y reinstala el paradigma tutelar volviendo a instalar el concepto de peligrosidad”.

Referencia mundial

Además, los ediles consideraron que la propuesta “lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores y abogadas defensoras deben ponderar la opinión del equipo tratante, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria” y que “evita generar el debate en el Congreso de la Nación, ámbito institucional natural para dichas modificaciones”.
El edil autor de la Comunicación recordó, a través de la misma, que en noviembre de 2010 el Congreso Nacional “sancionó la Ley Nacional de Salud Mental a través de una amplia mayoría de legisladores pertenecientes a todos los partidos políticos” y que el trabajo previo a su creación implicó una intensa participación de asociaciones profesionales, de trabajadores y trabajadoras, y de personas usuarias vinculadas al campo de la salud mental”, además de que hizo referencia al Decreto reglamentario del 28 de mayo de 2013, emitido por el Ejecutivo Nacional, el cual “puso en pleno funcionamiento la norma que se constituiría en un referente mundial sobre prevención y tratamiento del padecimiento psíquico”.

Críticas a la Cobertura Única

La nueva propuesta, según analizaron, pretende “constituirse en el nuevo marco normativo de la salud metal y contradice los artículos centrales de la Ley 26.657 e implica un gravísimo retroceso para el ejercicio profesional de la psicología, entre otras disciplinas actuantes en el campo, y de los derechos garantizados por esta norma a los usuarios del sistema público y privado”, además de que “elimina la competencia del Ministerio Público de la Defensa como la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley, y la transfiere a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación; de esta forma, éste queda con la potestad de nombrar al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí mismo, y de favorecer a las corporaciones médico-psiquiátricas”.
La medida, según lo planteado, “parte del proyecto sanitario global que el Gobierno Nacional viene promoviendo a través de la Cobertura Única de Salud (CUS) cuyo Decreto que la pone en vigencia, el 9/08/2016, no hace referencia a la garantía de derechos, y cada vez son más los actores del campo sanitario, académico y sindical, que señalan que la CUS esconde un claro proyecto privatizador de la salud del pueblo argentino”.

Sujetos de Derecho

En otro orden, consideraron que “cada vez son más los colegios de profesionales, las personas usuarias del sistema de salud, las organizaciones de familiares, los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales, y las diversas organizaciones que se pronuncian contra este embate a la ciudadanía y al paradigma de derechos humanos y llaman a defender la Ley Nacional de Salud Mental, cuyo avance fue clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos” y que “todo retroceso en el marco normativo vigente se traducirá en el agravamiento de las violaciones a derechos que suceden en los manicomios y generará responsabilidad nacional e internacional para el Estado”, a la vez que la nueva legislación habilitaría “la vulneración de los derechos humanos y sociales de las personas usuarias de servicios de salud mental”.
Por este motivo, el documento transmitió la “profunda preocupación del Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn por el proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nacional Salud Mental 26.657, que se dio a conocer el pasado viernes 10 de noviembre, como así también manifestar nuestra preocupación ante la grave situación que esta iniciativa, del Ministerio de Salud de la Nación, ha generado” y elevó el reclamo tanto al Poder Ejecutivo Nacional, como así también al Ministerio de Salud de la Nación.

A favor del tratamiento interdisciplinario

En un comunicado emitido por “usuarios, familiares y trabajadores de Salud Mental” durante la protesta en Puerto Madryn, que tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento a la Mujer Galesa, estos expresaron que “ante la avanzada del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a la derogación del Decreto Reglamentario 603/13 vigente de la Ley Nacional 26.657, mediante un nuevo decreto que establece un cambio de paradigma, nos pronunciamos al respecto; el mismo apunta a eliminar y sustituir las prácticas centradas en los derechos humanos de las personas, ubicando como único modelo de atención el Médico Hegemónico, farmacológico y de encierro”, al tiempo que señalaron que dicho Decreto “establece un cambio sustancial en cuanto que reemplaza el concepto de ‘Padecimiento Mental’ por el de ‘Trastorno Mental’, por lo tanto, se pierde la perspectiva social e histórica de los padecimientos de las personas, reduciéndolos a su aspecto más biológico y determinista”.
Sobre esta línea, plantearon que “devuelve al centro de los tratamientos, la perspectiva de que sólo la medicina tiene la llave para la cura, lo que pone por debajo al resto de las profesiones y saberes que actualmente abordan la complejidad de lo humano, en detrimento de la interdisciplina”.

“Profunda preocupación”

Dentro del marco normativo vigente, “las internaciones -último recurso terapéutico- son decididas interdisciplinariamente, teniendo como criterio que, sólo en caso de riesgo cierto e inminente, se puede internar a una persona contra su voluntad”, advirtieron los manifestantes, agregando que “se establece, así, un campo basado en la capacidad de las personas, y a su derecho a vivir en comunidad, tal como establecen las normativas internacionales a las que Argentina adhiere en su Constitución Nacional”, sumando a ello que “el proyecto oficial devuelve a la internación y medicalización el estatuto de recurso totalizador, eliminando incluso todas las garantías de control sobre las internaciones que hoy existen”, dentro de las cuales citaron a las defensorías, órganos de control y auditorías, entre otras.
Los firmantes expresaron que “nos encontramos sumidos en una profunda preocupación, frente a esta amenaza que se erige intentando borrar los numerosos logros del modelo comunitario y derechos humanos desde el cual nos posicionamos” y reconocieron que “nuestra provincia es pionera en este enfoque, contando con una legislación provincial (I-N 384) en línea con la Ley Nacional, tal como fue reglamentada bajo el Decreto 603/2013, siendo modelo de referencia a nivel mundial, que devino del más grande consenso alcanzado en el campo de la Salud Mental Nacional, producto del trabajo y la lucha de más de 30 años”.

En alerta

Además, señalaron que “en estos años podemos sentir con orgullo, desde los distintos lugares donde transitamos en tanto, profesionales, usuarios, familiares, amigos, y trabajadores en general, los efectos profundamente constructivos que han posibilitado la participación activa, el abandono del encierro, la despenalización de la locura, como el fortalecimiento personal y colectivo de quienes nos encontramos comprometidos con el modelo comunitario” y se declararon como “colectivo en alerta”, concluyendo que “estamos convocados y advertidos de la importancia de defender los derechos de todos; repudiamos todo acto que implique un retroceso en las conquistas alcanzadas y haremos lo necesario para garantizar que este despropósito, que esconde intereses económicos, siga adelante”.

Señalan contradicciones legales del actual marco normativo

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que la nueva legislación “elimina la perspectiva de DD.HH.” y que “lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria; además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa”.
También, puntualizaron que “reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”.